Estrategias fiscales para la resiliencia y la evolución
En el panorama fiscal del 2026, el líder de impuestos en México puede enfrentar un entorno de ultrafiscalización con cruces automatizados del Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la nómina, la Carta Porte y la contabilidad, además de posibles restricciones o cancelaciones de los certificados de sello digital (CSD) y un entorno aduanero más estricto debido a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), la reforma a la Ley Aduanera, entre otros. Asimismo, la regulación ambiental transfronteriza elevará la demanda de datos de emisiones y podría modificar los impuestos en esta materia, además de los costos, márgenes y contratos que correspondan.
Ante este entorno, destacamos cuatro ejes relevantes para los tomadores de decisión del área fiscal de cara a 2026: 1) preparación ante tendencias en la fiscalización o ultrafiscalización, incluyendo los procesos de devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA); 2) gestión del T‑MEC y de verificaciones de origen, con opciones de mitigación; 3) tendencias tributarias en intangibles y servicios intragrupo, el Convenio Multilateral (MLI), la Prueba de Propósito Principal (PPT) y limitantes en las deducciones de intereses y demás pagos al extranjero, incluyendo su interacción con precios de transferencia; y 4) cumplimiento ambiental (local o transfronterizo).
Nuestro objetivo es ofrecer un panorama para resguardar la materialidad, la deducibilidad y el flujo de efectivo, fortaleciendo la trazabilidad, el gobierno o mejores prácticas fiscales, incluida la coordinación binacional.
Es previsible que el SAT continúe intensificando los cruces automatizados de información entre CFDI, nómina, Carta Porte y contabilidad electrónica en 2026 para detectar inconsistencias, operaciones simuladas y brechas entre forma y sustancia. Esta situación podría complicarse, considerando que en otros países (como en aquellos de la Unión Europea) se implementará próximamente la facturación electrónica. Esta tecnología se perfila como una herramienta fundamental para el intercambio de información. Los CSD podrían mantenerse como un mecanismo de bloqueo (kill switch) que suspenda el timbrado ante anomalías que se identifiquen por sistema. A la par, los procedimientos del artículo 69‑B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y los criterios de materialidad podrían exigir una mayor evidencia operativa, logística y financiera que sustente cada registro.
Acción anticipada. Podría ser útil un calendario de revisiones de CFDI, nómina y contabilidad electrónica, para detectar inconsistencias de forma y fondo antes de los cruces automatizados del SAT. La madurez en la adopción tecnológica de cada empresa será una pieza clave para la anticipación
Antes de abordar devoluciones y certificaciones, conviene delimitar validaciones críticas de CFDI y del complemento Carta Porte, como catálogos del SAT, Identificador Único Universal y complementos, datos de ruta y medios de transporte, así como errores comunes que suelen detonar señales de auditoría.
Las devoluciones pueden agilizarse según el cumplimiento de requisitos y perfil de riesgo, dependiendo de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) aplicable, semáforos de riesgo, sector y estatus del contribuyente (p. ej., empresas certificadas)
Requiere una opinión de cumplimiento positiva, control de inventarios conforme al Anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) y, para la certificación IVA/IEPS, el cumplimiento de las obligaciones del Anexo 30, cuando corresponda, entre otros requisitos
La falta de un adecuado control de inventarios, incumplimientos fiscales o aduaneros, y otros factores pueden conducir a la suspensión de la certificación, obligando al pago de IVA/IEPS en importaciones temporales y al posible freno de las operaciones
71% de los ejecutivos globales anticipa un aumento de los actos de fiscalización entre los próximos tres y cinco años.
En síntesis, estas medidas tienen una relación con la continuidad operativa y el flujo de efectivo. Monitorear los tiempos de devolución del IVA y mantenerse al tanto de los eventos relacionados con los CSD, las reglas de la RMF y los trámites del Anexo 1‑A puede guiar ajustes estratégicos en el cumplimiento. Asimismo, la incorporación de controles taxtech concretos (tecnologías que automatizan procesos fiscales) ayuda a fortalecer la deducibilidad automatizada y permite controles en tiempo real frente a la supervisión del SAT.
El primer proceso de revisión del T‑MEC, previsto para 2026, se dará en un entorno de proteccionismo y tensiones comerciales, lo que podría conducir a un mayor escrutinio a reglas de origen bajo un marco de cumplimiento fortalecido. En este contexto, también se espera que surjan acciones antidumping por parte de Estados Unidos y Canadá y, en su caso, México. Asimismo, derivado de la reforma a la Ley Aduanera, se busca endurecer la fiscalización en materia de clasificación arancelaria, valoración aduanera y origen de las mercancías.
Cumplimiento de origen. Será necesario el mapeo de materiales y su correcta trazabilidad para sustentar certificaciones/declaraciones de origen ante verificaciones más rigurosas bajo el T‑MEC
Monitoreo de medidas antidumping. Resulta oportuno vigilar las investigaciones antidumping en productos de sectores sensibles por su posible impacto en costos y márgenes
Gestión logística fronteriza. Conviene evaluar la flexibilidad de rutas y capacidades de despacho, considerando una presión sostenida en aduanas y potenciales inspecciones reforzadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
Los sectores automotriz, acero y electrónica también podrían enfrentar un mayor escrutinio en relación con el cumplimiento de reglas de origen y ajustes vinculados a regalías y assists. Este marco de mayor fiscalización abarca desde la gestión de diferencias entre criterios de valoración aduanera y precios de transferencia entre jurisdicciones, hasta las verificaciones de origen bajo el T-MEC y las estrategias de mitigación disponibles.
Importancia del cumplimiento. Si los ajustes retroactivos de precios de transferencia no se alinean automáticamente con la valoración aduanera, pueden impactar el valor en aduana declarado en los pedimentos; las regalías, assists y descuentos afectan ambos aspectos y requieren coordinación
Las verificaciones de origen bajo el T‑MEC revisan la documentación e información que permita demostrar una adecuada certificación bajo el cumplimiento de las reglas de origen aplicables; en caso de incumplimiento se niega la aplicación de preferencias arancelarias lo cual puede derivar en impuestos omitidos y multas, entre otras posibles sanciones
46% de los líderes de impuestos en EE. UU. consideran los asuntos fiscales transfronterizos el principal obstáculo para su estrategia fiscal.
Enfocar esfuerzos en la coordinación binacional y cuidar la precisión en la documentación tiende a agilizar la adaptación ante tensiones comerciales, con una logística más efectiva en la frontera
A nivel nacional e internacional, la fiscalización en 2026 muestra una tendencia a enfocarse en la sustancia económica de los intangibles y de los servicios intragrupo. Otros temas que se perfilan para mantenerse como retos en México, en el contexto de la estructura fiscal y operativa, son: 1) la posible restricción de varios tratados suscritos por México mediante el MLI, que puede activar la cláusula PPT; y 2) la limitación de la deducción de intereses al 30% de la utilidad fiscal ajustada (similar al EBITDA).
Valoración de intangibles. Se puede considerar el mapeo de funciones DEMPE (desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación) y flujos de valor para alinear retornos con contratos, métricas y resultados.
Servicios intragrupo. Conviene evaluar la prueba de beneficio, evidencias de prestación y bases de reparto de costos.
Beneficios de tratados (MLI y PPT). Podría ser oportuno revisar el propósito principal, la sustancia comercial y los soportes de tratados, según la caracterización aplicable.
Límite de intereses 30% EBITDA. Se pueden valorar las proyecciones de capacidad de deducción, los arrastres y la composición deuda‑capital.
Una desalineación entre aduanas y fiscalidad suele traducirse en aranceles y créditos fiscales determinados de forma retroactiva, pérdida de preferencias, rechazos de IVA acreditable, multas y mayores tiempos de despacho, además de ajustes duplicados y tensiones de caja.
41% de los ejecutivos globales indicó que las controversias relacionadas con temas de sustancia se resuelven en un plazo de uno a tres años.
Cambios en los ajustes de cierre en precios de transferencia. Es posible que requieran ajustes en pedimentos, con efectos en deducciones e IVA acreditable
Anticipación estratégica. Puede ayudar revisar criterios de organismos como ANAM o SAT, cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal y las Reglas Generales de Comercio Exterior, así como decisiones anteriores de tribunales
La aplicabilidad del MLI y del PPT depende de cada tratado; su implementación exige reevaluar estructuras de tenencia y financiamiento para asegurar propósito comercial y funcionalidad.
Para resolver controversias fiscales, las empresas cuentan con diferentes vías según la situación: 1) Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAP, por sus siglas en inglés) para abordar doble tributación o beneficios negados; 2) Acuerdos de Precios Anticipados (APA, por sus siglas en inglés) para definir métodos y márgenes en transacciones recurrentes; y 3) acuerdos conclusivos de PRODECON para resolver diferencias en auditorías.
En síntesis, el foco en sustancia y el PPT bajo el MLI favorece un cumplimiento más riguroso. Vigilar cambios fiscales y aduaneros ayuda a anticipar ajustes en financiamiento y licencias, minimizando el impacto en deducciones y flujo de efectivo.
La transición del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) hacia pagos en 2026, el avance del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) en México y las exigencias de divulgación de California (SB 253 y SB 261) pueden elevar la demanda de datos de emisiones.
CBAM y exportaciones a la UE. Conviene fortalecer la trazabilidad de emisiones en bienes CBAM para anticipar impactos en precios y márgenes en 2026
Datos y huella de producto. Se puede considerar la integración de factores de emisión y consumos en sistemas, alineando metodologías con CBAM y marcos de divulgación
Para empresas que operan en México, estos vectores combinan cumplimiento transfronterizo, gestión de huella de productos y ajustes logísticos bajo cronogramas en evolución. Los principales marcos regulatorios abarcan, como ya hemos mencionado, desde el CBAM de la UE y la legislación climática de California, hasta las normas del California Air Resources Board (CARB) y el Sistema de Comercio de Emisiones mexicano, cada uno con requisitos técnicos y de datos específicos.
Reporte de emisiones: directas e indirectas (2023-2025), solo directas desde 2026
Costo vinculado al Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS): posible acreditación del precio del carbono pagado en origen
Datos requeridos: por producto e instalación con verificación específica
SB 253: empresas con negocios en California e ingresos globales superiores a 1,000 millones de dólares (mdd) deben divulgar emisiones de Alcance 1 y 2 desde 2026 y Alcance 3 desde 2027
SB 261: entidades con ingresos superiores a 500 mdd deben publicar informes de riesgos financieros climáticos bianuales, bajo el marco Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Preparación: inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) alineados al Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) y coordinación con los proveedores y los sistemas ERP
Estándar de Combustible de Bajo Carbono (LCFS): ajustes de costos por débitos/créditos según la composición de combustibles
Advanced Clean Trucks y Advanced Clean Fleets (ACT/ACF): metas de flotillas de cero emisiones (2024–2035) con impacto en gastos de capital y operativos (CAPEX/OPEX), la infraestructura de carga y las tarifas eléctricas
Gestión recomendada: inventarios de flotillas y consumos, así como mejora de rutas para mitigar sobrecargos
Fase piloto: bajo la supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con enfoque en generación eléctrica e industrias intensivas
Requisitos técnicos: inventarios GEI por instalación con trazabilidad en sistemas ERP y verificación por unidades de acreditadas
Sectores cubiertos: cemento, acero, refinación, química, papel y vidrio
Costos directos: derechos de emisión y gastos de monitoreo, reporte y verificación (MRV)
Aspectos contables: provisiones por emisiones y registro de activos por derechos adquiridos
Integración fiscal: costos de carbono en precios intragrupo sin distorsionar valor en aduana, IVA y márgenes de precios de transferencia
70% de los inversionistas considera que la sostenibilidad debe integrarse en la estrategia de las empresas en las que invierten.
En conjunto, el avance del CBAM de la UE, las regulaciones climáticas de California (incluyendo el CARB), el Sistema de Emisiones en México y los nuevos estándares de reporte intensifican los requisitos de gestión de emisiones y trazabilidad de los datos. Las empresas que ajusten sus procesos de MRV, coordinen con proveedores globales e integren sistemas ERP pueden proteger su flujo de efectivo, mejorar la deducibilidad fiscal y mantener ventajas competitivas en mercados transfronterizos.