La agenda de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) ha trascendido los informes corporativos para integrarse en el núcleo de la gestión fiscal. Hoy, lo ambiental se traduce en la deducibilidad de las inversiones en tecnologías limpias. Lo social se materializa en los riesgos de la cadena de suministro, como el cumplimiento del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) o la inclusión de pequeños proveedores del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Y la gobernanza se pone a prueba en la defensa de la sustancia económica de las operaciones frente al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las reglas de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), como iniciativas de transparencia y mejores prácticas.
Esta convergencia es impulsada por la presión de inversionistas y reguladores locales y globales. Entidades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y algunos marcos internacionales, como el reporte público país por país (public Country-by-Country Reporting o pCbCR) de la Unión Europea (UE), exigen una transparencia que conecta el desempeño financiero con los compromisos de sostenibilidad.
En este nuevo paradigma, la función fiscal se convierte en el pilar que valida la estrategia ESG de la organización, utilizando datos financieros como evidencia. El objetivo es transformar la sostenibilidad de un costo de cumplimiento, a una palanca que fortalece el desempeño financiero y la resiliencia operativa.
La sustentabilidad ya no es un ideal, sino una estrategia competitiva que las compañías en México adoptan para enfrentar los retos globales y locales, incluyendo los fiscales.
Los tres pilares de la planificación fiscal y sostenible
La integración de criterios ESG en la estrategia fiscal puede redefinir la gestión de riesgos y mejorar la gestión de recursos. Para lograrlo, es recomendable evolucionar la función de impuestos a través de tres pilares:
1. Gobernanza fiscal para el riesgo ESG
Establecer una estructura donde el comité fiscal defina su papel en la estrategia ESG. Esto incluye fijar umbrales de riesgo fiscal (por ejemplo, en materia de manejo de litigios, de cumplimiento BEPS, de niveles de financiamiento) y vincularlos a decisiones clave, como la aprobación de inversiones o la estructuración de operaciones.
2. Modelado financiero de impuestos ambientales
Anticipar el impacto de impuestos ambientales, como el componente de carbono o de plaguicidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), puede ser fundamental. Implementar una estrategia para mitigar riesgos de cumplimiento e integrar costos futuros en las decisiones de inversión y precios habilita una planificación financiera más robusta.
3. Integración de datos para el reporte fiscal y de sostenibilidad
Transformar la gestión de datos en una función integrada y auditable que produzca información consistente para los reportes al SAT y los informes ESG. Unificar los datos puede agilizar los cierres contables y reducir el riesgo de contingencias; además, mantiene una narrativa de sostenibilidad respaldada por la misma información financiera.
Transformando la sostenibilidad en valor financiero medible
La estrategia fiscal puede ser el puente para convertir los compromisos ESG en resultados financieros medibles. La función de impuestos tiene la capacidad de liderar esta transformación, aportando el rigor y la evidencia que conectan la estrategia corporativa, las finanzas y la sostenibilidad.
- Conectividad de la información financiera y ESG
- Capitalización de incentivos y activos sostenibles
- El CFDI como prueba de materialidad ESG
- Marcos regulatorios con impacto fiscal
Conectividad de la información financiera y ESG
Vincular métricas de sostenibilidad a componentes financieros, como presupuestos, provisiones, inversiones, impuestos y flujos de efectivo, a través de sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP) permite traducir el desempeño sostenible en impactos trazables. Encaminar los gastos de capital (CAPEX) en energías limpias o de gestión de residuos bajo los criterios de taxonomías sostenibles (ya sean de México o de la UE), ayuda a incrementar la consistencia, mejora la asignación de capital, mitiga riesgos financieros y previene el greenwashing, una práctica relacionada con presentar estrategias sostenibles sin un respaldo real, suficiente o verificable.
Capitalización de incentivos y activos sostenibles
Identificar activos y proyectos elegibles para incentivos fiscales, como las energías renovables o la electromovilidad, y aplicar correctamente las deducciones o depreciaciones y amortizaciones, puede convertir las metas ESG en resultados financieros tangibles. Un marco de gobernanza sólido y métricas auditables resultan indispensables para capturar este valor de forma segura y defendible.
El CFDI como prueba de materialidad ESG
Cada iniciativa sostenible requiere un respaldo documental robusto, donde el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se convierte en un punto de partida como prueba fundamental. La trazabilidad de estas operaciones, conciliadas contra los datos del SAT, como las descargas masivas, estatus de cancelaciones o listas de empresas que emiten facturas por servicios o bienes que nunca existieron, EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) como lo establece el Código Fiscal de la Federación (CFF), pueden ser clave para demostrar la materialidad y la sustancia económica ante cualquier revisión.
Marcos regulatorios con impacto fiscal
El panorama normativo de sostenibilidad exige una divulgación que tiene implicaciones financieras directas. Los marcos más relevantes para las empresas multinacionales en México incluyen:
Normas Internacionales de Revelación de Sostenibilidad (IFRS S). Requeridas por la CNBV, exigen divulgar cómo los riesgos y las oportunidades ESG (IFRS S1) y climáticos (IFRS S2) afectan los flujos de efectivo y el acceso a financiamiento
Normas de Información de Sostenibilidad (NIS). Emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), buscan integrar la sostenibilidad directamente en el marco de las Normas de Información Financiera (NIF) y exigen la revelación de un conjunto de indicadores clave, creando un puente técnico entre el reporte de sostenibilidad y la contabilidad
Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE. Aplica a empresas mexicanas con operaciones o subsidiarias en la Unión Europea y exige reportar bajo un enfoque de doble materialidad, es decir, impacto financiero y en el entorno
Leyes de California (SB 253 y 261). Obligan a las grandes empresas que operan en ese estado a reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los riesgos financieros relacionados con el clima
Monitoreo estratégico: visibilidad y control
El monitoreo de la sostenibilidad ha evolucionado: ya no se trata de un ejercicio solamente de reporteo, sino de un sistema de gestión proactiva. Para la función fiscal, esto significa implementar mecanismos que ofrezcan visibilidad sobre riesgos y oportunidades con impacto financiero.
ESG en materia fiscal: cuatro riesgos críticos
La credibilidad de una estrategia de sostenibilidad reside en su consistencia. En el ámbito fiscal, cualquier desalineación entre la narrativa ESG y la práctica tributaria puede generar riesgos reputacionales, regulatorios y financieros. La gestión fiscal responsable es un pilar de la gobernanza, examinado por inversionistas y autoridades. Las siguientes cuatro áreas críticas describen dónde suelen surgir brechas.
5 acciones para capitalizar la sostenibilidad
Para pasar de la teoría a la acción, el líder de impuestos puede enfocarse en cinco acciones de alto impacto que ayudan a construir resiliencia y capturar el valor desde el primer día.
1. Validar cada deducción verde. Exigir la documentación del retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) ambiental junto a la evidencia fiscal (p. ej., CFDI, contratos, entregables, etc.) para ayudar a blindar cada peso deducido por iniciativas sostenibles.
2. Auditar el riesgo fiscal en la cadena de suministro. Verificar el cumplimiento de proveedores clave y la solidez de las cláusulas contractuales para prevenir contingencias operativas y de deducibilidad.
3. Conectar el cumplimiento ambiental con el acceso a capital. Confirmar que la gestión de permisos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y la solidez de los datos sean a través de un sistema de medición, reporte y verificación (MVR). Esta es la evidencia que exigen los financiamientos sostenibles y las calificadoras de riesgo.
4. Eliminar inconsistencias entre reportes. Crear un proceso fiable y seguro en la recopilación de datos que permitan conciliaciones formales entre la información reportada al SAT, las transacciones realizadas soportadas por la correcta documentación probatoria, la información emitida del ERP y los informes de sostenibilidad para otros grupos de interés.
5. Monetizar la hoja de ruta de la descarbonización. Identificar y capturar sistemáticamente los incentivos fiscales y financieros disponibles. Cada iniciativa de reducción de emisiones requiere tener un caso de negocio que considere el impacto fiscal.
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