Desde el ejercicio fiscal 2022, las personas físicas y morales que reciben almacenan o utilizan hidrocarburos o petrolíferos están obligadas a llevar controles volumétricos conforme al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).
Esta obligación aplica de forma transversal a todos los sectores industriales, no sólo al energético, incluyendo:
Para el ejercicio 2025, la RMF establece que deberán llevar controles volumétricos:
Esta medida busca fortalecer la trazabilidad y el control fiscal de estos insumos, exigiendo la implementación de infraestructura tecnológica y administrativa para garantizar la correcta operación y cumplimiento ante el SAT.
A lo largo de los ejercicios de 2022 a 2025, esta obligación ha sido objeto de ajustes normativos que han ampliado el universo de contribuyentes obligados. Lo que inicialmente se concibió como una medida para el sector energético, ahora aplica de manera transversal a cualquier empresa que utilice hidrocarburos o petrolíferos en sus operaciones, independientemente de su giro de negocio.
Cualquier contribuyente que utilice hidrocarburos o petrolíferos en sus operaciones y se ubique en alguno de los supuestos establecidos por la RMF 2025 deberá cumplir con esta disposición.
Esto incluye sectores como el automotriz, construcción, aviación, transporte, manufactura, alimentario, agrícola, farmacéutico, minero, entre otros, que utilizan estos insumos para sus procesos productivos, operaciones logísticas o como materia prima.
Los contribuyentes obligados deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y operativos establecidos en la normativa fiscal:
Estos elementos se encuentran regulados en los siguientes anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal:
En caso de no cumplir con las obligaciones en materia de controles volumétricos, la autoridad fiscal podrá imponer multas significativas, así como la suspensión de actividades, la cancelación o restricción de los sellos digitales y, en casos graves, sanciones penales derivadas de la presunta enajenación o manejo indebido de hidrocarburos o petrolíferos. El incumplimiento también puede implicar la clausura temporal del establecimiento y afectar la operación normal de las empresas.
El cumplimiento de estas obligaciones garantiza la transparencia y trazabilidad de las operaciones, así como el adecuado cumplimiento fiscal ante el SAT. Las empresas deben asegurarse de contar con la infraestructura tecnológica necesaria y los procesos administrativos adecuados para evitar incumplimientos que puedan derivar en sanciones, tales como: cancelación de sellos digitales, multas y prisión.
Por lo anterior, es fundamental que las organizaciones realicen un diagnóstico de su situación actual y determinen si se ubican en alguno de los supuestos de obligación, implementando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo.
En PwC contamos con amplia experiencia asesorando a empresas de diversos sectores en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera integral y eficiente.
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