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Durante las últimas semanas, algunos miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL han iniciado un debate en redes sociales respecto al incremento del salario mínimo legal mensual vigente – SMLMV para el 2026.
El Gobierno, a través del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, jefe de la cartera laboral, ha propuesto preliminarmente que el salario mínimo para el 2026 equivalga a COP $1.800.000, más un subsidio de transporte de COP $252.000, permitiéndoles a los trabajadores devengar un ingreso bruto de COP $2.052.000.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT propone un incremento del 47,8 % para el salario mínimo, argumentando la deuda social que tiene el país con los trabajadores. El sindicato sostiene que los incrementos del salario mínimo no han sido suficientes, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
Asimismo, las agremiaciones de empleadores han invitado tanto al Gobierno como a las organizaciones sindicales a negociar y analizar la posibilidad de acordar un incremento al salario mínimo inferior a las expectativas y cifras planteadas por las demás partes, debido al impacto económico negativo que tendría una medida desproporcionada.
Lo anterior, considerando que, si bien la finalidad del incremento del salario mínimo es mejorar las condiciones de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores, impactando positivamente sectores como el comercio, la vivienda, la alimentación y los servicios, también es necesario analizar con responsabilidad los efectos económicos asociados.
Es importante ser conscientes de los impactos negativos que puede generar un incremento salarial exagerado, puesto que podría producir una inflación mayor y, en consecuencia, un incremento generalizado en los costos y precios de bienes y servicios, especialmente cuando dicho aumento no viene acompañado de mayor productividad empresarial que permita mitigar el impacto inflacionario.
No obstante, la mayoría de las personas no conocen ni son conscientes del costo laboral final que deben asumir los empleadores, el cual puede oscilar aproximadamente entre el 38,4 % y el 52 %, dependiendo del valor de los salarios pagados y de los beneficios tributarios aplicables. Este costo adicional surge de las prestaciones sociales (prima legal, auxilio de cesantías e intereses a las cesantías), las vacaciones y los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
Por otra parte, es importante recordar que los mayores empleadores del país son las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, un incremento abrupto y agresivo del salario mínimo puede generar como principales consecuencias: cierres empresariales; incremento del desempleo; mayor informalidad; y desprotección de los trabajadores, dado que estos empleadores no cuentan con la liquidez ni la solvencia financiera para asumir mayores costos operativos.
En consecuencia, al incrementar el salario mínimo de manera agresiva sin aumentar la producción, se afecta directamente la inversión extranjera, pues el país pierde competitividad frente a otros países de la región y del mundo, generando efectos económicos negativos.
En conclusión, la solución para reducir la brecha social y económica que sufre el país no es el incremento agresivo del salario mínimo, ya que, como se indicó previamente, esta medida puede promover inestabilidad, inflación, desempleo, informalidad, pérdida del poder adquisitivo y dificultades laborales para empleadores y trabajadores.
En mi criterio, una herramienta efectiva para disminuir la brecha social y económica consiste en promover el crecimiento empresarial mediante el aumento de la productividad, replanteando y flexibilizando los esquemas de compensación y contratación adoptados por las empresas. Esto permitiría mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fortalecer las relaciones laborales, evitar reclamaciones judiciales y fomentar el trabajo conjunto entre empleadores y trabajadores, bajo un esquema de reciprocidad y colaboración.
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