México atraviesa una etapa decisiva para la estructuración de infraestructura pública estratégica con participación de los sectores público, privado y social. Para los equipos directivos, la discusión no se limita a identificar oportunidades; implica evaluar con oportunidad el papel que podrían asumir antes de que los primeros proyectos sienten precedentes en materia de estructuración, financiamiento y asignación de riesgos.
Desde esta perspectiva, conviene plantear algunas preguntas de partida: ¿en qué proyectos o sectores se podría tener una posición competitiva relevante? ¿Qué riesgos deben analizarse antes de considerar una participación? ¿Y qué condiciones serían necesarias para sustentar una decisión de inversión ante el consejo, socios o accionistas?
La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (en adelante "la Ley") establece un marco para impulsar proyectos públicos mediante esquemas de colaboración entre el sector público, privado y social, que abarcan planeación, estructuración, financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento.
Su alcance es amplio y comprende sectores con impacto potencial directo en la competitividad, productividad y calidad de servicios: transporte y logística, energía, agua, salud, educación, infraestructura social, desarrollo urbano, turismo, industria, conectividad y telecomunicaciones.
La relevancia del marco no radica únicamente en la amplitud de sectores, sino en la posibilidad de estructurar proyectos mediante esquemas de participación mixta entre el Estado y los particulares, orientados a alinear capital, capacidades técnicas, retorno esperado y distribución de riesgos.
La Ley contempla diversos vehículos de participación que pueden adaptarse al perfil de cada proyecto: contratos de largo plazo, esquemas de inversión mixta, vehículos de propósito específico, concesiones y asociaciones, entre otros. En cada caso, será necesario definir una arquitectura adecuada, con claridad sobre retorno, control, fondeo, gobernanza y distribución de riesgos.
El valor para los participantes potenciales no estará únicamente en sumarse a un proyecto específico, sino en identificar de manera anticipada qué proyectos resultan viables, en qué condiciones conviene estructurarlos y qué elementos permiten sustentar una participación informada.
La diferencia estará en evaluar de forma temprana el esquema de participación, la asignación de riesgos, las fuentes de recuperación de la inversión, las obligaciones aplicables y la viabilidad legal, fiscal, financiera, regulatoria y operativa de cada proyecto.
En este contexto, una evaluación temprana permite a las organizaciones en México comprender mejor el alcance del nuevo marco, anticipar riesgos relevantes y definir criterios de participación antes de que los proyectos avancen hacia etapas más formales.
En un entorno donde actuar de forma temprana y con agilidad marca la diferencia entre observar y participar, contar con aliados que aporten una visión integral que considere aspectos fiscales, financieros, regulatorios y operativos, aportando experiencia comprobada en esquemas de asociación público-privada e infraestructura será de valor para las organizaciones.
La calidad de las decisiones que se tomen hoy definirá la forma de aprovechar las oportunidades en materia de infraestructura estratégica en México que el panorama actual presenta.
