Panamá fortalece su transparencia y se despide del estigma de paraíso fiscal

Durante varios años, Panamá fue considerado un paraíso fiscal, pero hoy, el país transforma su modelo para atraer a empresas y grandes capitales que buscan beneficiarse de sus ventajas tributarias en un entorno de estricta competitividad y transparencia. Esta estrategia renueva la confianza de los mercados, logrando que la Inversión Extranjera Directa (IED) superara los $900 millones al cierre de 2025; un dinamismo económico que ahora se consolidará con la entrada en vigor de la Ley de Sustancia Económica y su reglamentación, fijando exigencias de presencia real y operativa para las multinacionales que operan en el Istmo. 

La base normativa tomó cuerpo mediante la promulgación de la Ley 526 de 28 de mayo de 2026 y el Decreto Ejecutivo No. 32 del 2 de septiembre de 2026, impulsados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y sancionados por el presidente José Raúl Mulino. Esta regulación abarca directamente a cualquier figura jurídica constituida o domiciliada en Panamá, incluyendo sociedades de simple tenencia o holdings, entidades de tesorería, fundaciones de interés privado o fideicomisos, que forme parte de un grupo multinacional y perciba rentas pasivas del exterior, tales como intereses, regalías, dividendos o ganancias de capital. 

La medida busca alinear la plataforma financiera panameña con los más altos estándares globales de transparencia a los ejecutados por la OCDE y la Unión Europea, y, simultáneamente, blindar la atracción de capitales legítimos. 

Las implicaciones de esta legislación, así como los retos prácticos de su implementación y fiscalización, fueron analizados exhaustivamente durante el foro de análisis especializado «Nueva ley de Sustancia Económica en Panamá: De la regulación a la implementación«, organizado por Capital Financiero en la capital panameña. El evento congregó a destacados tributaristas, especialistas en derecho corporativo y autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes desglosaron las exigencias que regirán en el país. 

Marco normativo, gobernanza corporativa y el estándar regional 

La socia de Impuestos y Servicios Legales de PwC Panamá, Yaremis Pérez, señaló el impacto institucional de la norma para la atracción de capitales, por lo que destacó el avance del marco normativo, lo que permitirá a la nación centroamericana competir en igualdad de condiciones con los demás países de la región en cuanto a atraer inversión extranjera directa. 

“Siempre se ha mal denominado a Panamá como paraíso fiscal, y el término paraíso fiscal en realidad es donde no hay reglas claras de cumplimiento ni efectividad fiscal. Con la nueva Ley de Sustancia se busca garantizar que exista transparencia en el manejo de la información de aquellas entidades que optaron en algún momento por establecer a Panamá como su jurisdicción de incorporación”, expresó. 

Pérez agregó que el reglamento formalizado recientemente en septiembre, brinda «reglas más claras y concretas” para garantizar que la ley no quede en “letra muerta sin la debida fiscalización», aclarando que bajo ningún punto se renuncia al principio de territorialidad. 

La especialista detalló que el impuesto del 15% previsto en la norma se aplicará de forma excepcional únicamente a aquellas entidades pertenecientes a grupos multinacionales que generen rentas pasivas de fuente extranjera y no cumplan con los requerimientos de sustancia económica. 

De acuerdo a la nueva legislación, para ser catalogadas como «entidades calificadas», la norma exige demostrar una presencia real en el país. Esto implica contar con instalaciones físicas, personal calificado proporcional a sus operaciones, costos operativos idóneos y la toma efectiva de decisiones en suelo panameño, respaldada con al menos dos reuniones presenciales al año de su junta directiva. En caso de que la corporación no logre acreditar esta presencia operativa, será clasificada como una «entidad no calificada». Bajo esta condición de incumplimiento, sus rentas pasivas extranjeras quedarán gravadas de forma excepcional con una tarifa única del 15%, sin desvirtuar el principio de territorialidad que rige el sistema tributario nacional. 

Desde la perspectiva de la autoridad fiscalizadora, la jefa del Departamento de Convenios Tributarios de la DGI, Lilibeth Enseñat, sostuvo que este paso trasciende el mero compromiso con los organismos internacionales, manifestando que el tema sustancia económica no solamente permite mantener a Panamá como una jurisdicción cooperadora en materia de transparencia internacional cumpliendo con estándares internacionales, sino que ahora permite empujar y dar mayor músculo de inversión extranjera a la República. 

“Al comparar la inversión entre el 2021 al 2025, durante ese quinquenio la inversión bajó. Esto no solamente es atribuible al tema de las listas, pero le resta al atractivo a Panamá. Aunque el país cuenta con el canal, un hub logístico y financiero, existe esa raya con el asunto de las listas, que realmente le resta atractivo al país porque genera temas de burocracia (…) No podemos dejar de ser competitivos. Se requiere rescatar el tema de la inversión y atraer inversión extranjera”, recalcó. 

La abogada especialista recordó que el cumplimiento no se satisface con gestiones superficiales y que la responsabilidad tributaria recae sobre la entidad local. Además, añadió que la autoridad ya afina sus procesos para la entrada en vigor en 2027, debido a que se requiere un sistema robusto que permita recibir toda la información y hacer frente al tema del cumplimiento, confiabilidad y la confidencialidad. 

En lo relativo a las exigencias de administración societaria, el socio de Morgan & Morgan, Fernando Boyd, señaló que la normativa eleva considerablemente la vara en la toma de decisiones internas, dado que la ley devuelve un rol activo e indelegable a las juntas directivas y órganos de gobierno corporativo, los cuales deberán sesionar físicamente en Panamá al menos dos veces al año. 

«La junta directiva no va a poder descansar en temas de requisitos formalistas, sino que tendrá que demostrar que está llevando en Panamá una toma de decisiones significativa, que se encuentra supervisando las actividades que está desarrollando la entidad, inclusive si las tercerizan. Las actas van a tener que reflejar que hubo un debate, que la junta directiva ponderó los riesgos, que hubo un cruce de ideas y se llegó a las determinaciones a las cuales se llegó», declaró. 

Adicionalmente, expuso que ahora las empresas deberán estructurar un archivo de defensa con vigencia mínima de cinco años que contemple contratos, estados financieros y sustentos del impuesto retenido en el extranjero. 

Panamá vs. la región 

Para contextualizar el entorno tecnológico e institucional en que se dará la fiscalización, la gerente de proyectos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Francesca López, explicó que la regulación panameña se inserta en las iniciativas globales del modelo Tax 3.0 de la OCDE. Por lo que expuso que las administraciones tributarias de la región avanzan hacia la integración digital de trámites bajo el concepto de recolección única de datos. 

«El Tax Administration busca integrar todos los procesos en sistemas que sean de ayuda al contribuyente con miras a que todo sea digital; se buscan dos cosas: servicios digitales integrados y la reutilización de información útil a bajo costo«, precisó. 

La experta reveló que el 81% de las administraciones tributarias de América Latina emplean interfaces web de integración (APIs) y un 69% son cocreadas con terceros. No obstante, enfatizó los retos pendientes en materia de gobernanza de datos e identidad digital, remarcando que se busca que exista la certeza de que la persona que está detrás de los sistemas informáticos realmente tenga las credenciales para tener el acceso a esta información, previniendo sobre los riesgos de fraude sin una identidad digital blindada. 

Regímenes especiales y fiscalización práctica 

El encuentro también puso bajo el microscopio la articulación operativa entre la Ley de Sustancia Económica, las normas de Precios de Transferencia y las estructuras corporativas que se benefician de incentivos bajo esquemas como las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), Panamá Pacífico o la Zona Libre de Colón. 

En ese sentido, el socio de Morgan & Morgan, José Rafael Reyes, analizó la trascendencia del alcance de las entidades sujetas a regulación, por lo que remarcó la trayectoria del país, indicando que Panamá concentra esfuerzos para modernizar su marco fiscal y sus marcos regulatorios, obteniendo un proyecto satisfactorio. 

Al abordar el ámbito de aplicación de la nueva normativa y las estructuras corporativas, enfatizó que la norma alcanza por igual a sociedades anónimas, entidades de tenencia o holdings, estructuras de tesorería, fundaciones de interés privado y fideicomisos cuando integren un grupo multinacional y perciban rentas pasivas del exterior; por ello, hizo un llamado de urgencia al sector corporativo para estructurar con antelación los expedientes de defensa y respaldar fehacientemente cada una de las operaciones intragrupo. 

«La documentación es fundamental; el reglamento convierte la sustancia en un asunto estrictamente probatorio, porque no basta con cumplir las funciones o asignar personal si a la hora de una revisión no existe nada que lo respalde. Con los contratos intragrupo, es crítico que exista alineación con el análisis funcional y las labores realmente prestadas; no puede ser un contrato hecho al apuro y fechado a fin de año. Por eso es vital prepararse desde ya”, recalcó el directivo de Morgan & Morgan. 

Sobre este tema, el gerente de Impuestos Internacionales y Servicios Legales de PwC Panamá, Juan Carlos Quintero, abordó el reto de integración que enfrentan los grupos que cuentan con personal e instalaciones en el país. Aunque, sostuvo que poseer presencia operativa previa no otorga una convalidación automática. 

«Es necesario evaluar el alcance de la subcontratación o tercerización de funciones con el personal que integra la planilla en empresas bajo regímenes especiales, garantizando que ejecuten las labores vinculadas a la generación de rentas pasivas”, mencionó Quintero. 

Por su parte, el gerente senior de Precios de Transferencia de PwC Panamá, Piero Ponce, profundizó en las exigencias administrativas que acarrea la subcontratación de servicios entre partes relacionadas. «Tiene que haber el personal especializado por tipo de renta y, además de ello, en efecto, tiene que haber prácticamente un control de horas de lo que se le presta a cada una de sus partes relacionadas para que se demuestre en efecto que no hay una superposición de horas», dijo. 

En su intervención aclaró que toda esta operativa debe guardar estricta congruencia técnica con el archivo local de precios de transferencia. «Toda información forma parte de la documentación de precios y debe ir muy bien desarrollada en el local file, donde todas las operaciones con partes relacionadas tienen que ser desarrolladas en el análisis funcional de las operaciones«, recomendando preparar la documentación de soporte de manera unificada para generar eficiencias y garantizar plena consistencia ante la autoridad tributaria. 

Mientras que, en el ámbito de la fiscalización estatal, la jefa de Precios de Transferencia de la DGI, Linda Pérez Toribio, defendió la vigencia e independencia de los controles internacionales sobre las rentas pasivas. 

«El régimen de precios de transferencia y el régimen de sustancia económica son regímenes autónomos; cada uno tiene sus reglas, su ámbito de aplicación, su forma de determinarse y, en esa medida, cada uno tiene su análisis propio«, apuntó. 

Detalló que la DGI audita anualmente transacciones de renta pasiva procedentes del extranjero por montos que rondan los $700 millones, afirmando que los análisis de precios de transferencia son indispensables para sostener la posición de Panamá en convenios de doble tributación y procedimientos amistosos internacionales. Como sugerencia preventiva al sector corporativo, recomendó que antes de entregar el estudio a precio de transferencia a la administración tributaria, sea revisado para evitar recargos y litigios a largo plazo. 

En las conclusiones del foro, las representantes de la firma consultora ponderaron el balance final de la legislación para la economía nacional. La socia directora de PwC Interaméricas, Marisol Arcia y la socia líder regional de Impuestos y Legal de PwC Interaméricas, Andrea Paniagua, coincidieron en que la entrada en vigor de la Ley de Sustancia Económica representa un hito cualitativo que dota de certidumbre jurídica al inversionista extranjero y eleva la competitividad de Panamá bajo estándares globales de transparencia. 

Los especialistas destacaron que la normativa trasciende el ámbito estrictamente tributario para enfocar la gestión corporativa en la sostenibilidad y el cumplimiento real, por lo que exhortaron a los grupos multinacionales a realizar diagnósticos preventivos en sus estructuras patrimoniales que les permitan acreditar su presencia operativa y adaptarse con margen de tiempo antes de la fase de fiscalización estatal. 

El encuentro realizado en la Ciudad de Panamá fue organizado por Capital Financiero, PwC Interaméricas y la firma de abogados Morgan & Morgan. Con el apoyo de Mambriche Media, la Plataforma Event Production y el Hotel Bristol.

La presente nota de prensa fue publicada originalmente en Capital Financiero y se comparte únicamente con fines informativos.