Cargas sociales y régimen de zona franca: una conversación urgente para la competitividad

Durante décadas, Costa Rica ha construido una reputación sólida como destino de inversión extranjera directa (IED) y el régimen de zonas francas es, probablemente, el caso de éxito más relevante de la política económica. Sin embargo, este logro no está garantizado en el tiempo y para nadie es un secreto que se ha experimentado una desaceleración en los niveles de inversión, así como un deterioro en las finanzas públicas.   

Este contexto lleva a plantear una conversación urgente sobre competitividad y precisamente uno de los frentes donde existen mayores retos es en el costo de contratar trabajadores formales. 

Cuando contratar cuesta más  

Las cargas sociales sobre la nómina en Costa Rica se encuentran entre las más altas de América Latina, ya que las contribuciones patronales, según fueron actualizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), equivalen actualmente al 26,83% del salario bruto; porcentaje que incide directamente en el costo de contratación formal y que es parte de los factores que las empresas consideran al momento de invertir, expandirse o generar nuevos empleos.  

Además, una parte de esas obligaciones —aproximadamente 7 puntos porcentuales— no llegan directamente a la Caja, sino que financian otras entidades y programas sociales. 

Si comparamos esta carga con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, sobre todo, con nuestros competidores directos en la región, Costa Rica aparece sistemáticamente en los primeros lugares de las cargas sociales más altas. Lo que significa que, si una empresa está interesada en invertir bajo el régimen de zona franca, esa diferencia de puntos porcentuales se traduce en millones de dólares a lo largo de la vida de un proyecto. 

La paradoja de la formalidad 

Ahora bien, Costa Rica experimenta un contrasentido que debería atender con urgencia, ya que un sistema de seguridad social tan robusto en sus tasas convive con una informalidad alta.  Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en estudios realizados para el 2025, la población en informalidad rondaba unas 845.000 personas, lo que significa que las cuotas recaen sobre una base de empleo formal que es relativamente estrecha.  

El desafío no está solamente en la gran competencia que existe a nivel internacional por atraer inversión, sino que también hay un tema de sostenibilidad a lo interno, ya que mientras más cara sea la formalidad, mayor podría ser el incentivo para permanecer —o caer— en la informalidad, lo que produce que la base de cotizantes que financia la CCSS sea menor. 

¿Bajar cuotas para recaudar más? 

Actualmente, la hipótesis que se está discutiendo, y que merece un estudio técnico serio, es diseñar un plan de reducción gradual de las cargas patronales para ampliar la base de cotizantes al hacer más atractiva la contratación formal.  

Recientemente se dio a conocer que el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) ha analizado la alternativa de disminuir gradualmente las cargas, es decir, aquellas que no están directamente asociadas a la CCSS, planteando su traslado y asignación paulatina al Estado. Bajo esta premisa, si más empresas y trabajadores se incorporan al sistema, el efecto neto sobre la recaudación podría ser neutro o incluso positivo, aun con una tasa menor en las cargas parafiscales. 

La experiencia comparada ofrece elementos que podrían ser útiles para esta discusión. Colombia, por ejemplo, redujo desde 2012 ciertos aportes patronales y parafiscales para trabajadores que están por debajo de ciertos umbrales salariales, sustituyendo parte de ese financiamiento con otros ingresos tributarios. Este cambio se hizo con la finalidad de propiciar un aumento en el empleo formal, sobre todo para empresas pequeñas y trabajadores con umbrales cercanos al salario mínimo.  

La lección para Costa Rica no es copiar mecánicamente esos modelos previos, sino estudiar la experiencia internacional con rigor. 

Ahora bien, no se trata de debilitar a la CCSS, una institución que actualmente experimenta importantes presiones para cumplir con las necesidades que demanda la población, sino de cambiar la ecuación: pasar de una tasa alta que hoy en día recae sobre pocos, a una que sea más razonable y que abarque a más asegurados. 

Reforma con condiciones 

Una propuesta responsable debería tener los siguientes elementos: 

1. Evidencia actuarial. Ninguna reducción debe aprobarse sin un estudio previo que cuantifique el impacto sobre la solvencia de la CCSS. 
2. Gradualidad. Los ajustes deberían ser progresivos y reversibles en caso de que las metas de afiliación no se cumplan.  
3. Enfoque en aumentar la formalización del empleo. La reducción debe ir acompañada de medidas de fiscalización y simplificación que efectivamente conviertan el empleo informal en uno formal. 

Costa Rica no puede dar por sentado su atractivo, ya que actualmente enfrenta una competencia más fuerte por atraer y mantener la IED, mientras otros países ajustan sus condiciones para ser más competitivos. El país no puede quedarse estático y debe dirigir la atención hacia los aspectos que le restan competitividad.  

Repensar las cargas sociales podría ser una estrategia importante para competir mejor y sin comprometer la solidez del sistema de seguridad social; por el contrario, puede abrir la puerta hacia un modelo más amplio y sostenible. En tiempos retadores, los países que se atreven a revisar sus propias estructuras son los que encuentran nuevas formas de crecer, atraer inversión y generar oportunidades para sus ciudadanos. 

Por Marianela Masís, Directora de Tax & Legal Services en PwC Costa Rica