Nuestra publicación anual del Informe Global sobre Criptoimpuestos llega en un momento decisivo para el desarrollo del ecosistema cripto. La industria está cada vez más regulada, lo que ha impulsado grandes cambios en los modelos de negocio de quienes operan en el sector y ha generado una convergencia entre el sector cripto y los servicios financieros tradicionales.
La transparencia tributaria en cripto también ha sido un tema clave, especialmente con la introducción del Marco de Información Tributaria sobre Criptoactivos (CARF, su sigla en inglés) de la OCDE, que ya está vigente en muchas jurisdicciones.
A nivel mundial, diversas jurisdicciones ya se encuentran implementando este marco. Canadá, Japón, Corea, Hong Kong, Liechtenstein y Gibraltar ya avanzan en marcos legales para comenzar con reportes automáticos entre 2026 y 2028. En paralelo, la Unión Europea consolidó la aplicación obligatoria del estándar mediante la Directiva DAC8, vigente desde el 1 de enero de 2026.
Este movimiento global marca un cambio estructural significativo: los criptoactivos pasan a formar parte integral de los sistemas internacionales de intercambio automático de información tributaria, con consecuencias directas para reguladores, plataformas y usuarios.
En agosto de 2025, el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió las Resoluciones 113 y 114, que obligan a los Proveedores Chilenos de Servicios de Criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) a presentar Declaraciones Juradas Anuales informando la información de transacciones realizadas por contribuyentes chilenos y extranjeros a través de sus plataformas, siguiendo los estándares del CARF. En el caso de contribuyentes extranjeros, la información es compartida conforme al CARF.
Estas declaraciones juradas son presentadas anualmente y el plazo de envío del primer informe vence el 30 de junio de 2026, el cual deberá incluir la información de todas las transacciones efectuadas durante el año calendario 2025.
Junto con las obligaciones de reporte, varios países están ajustando sus marcos tributarios internos en áreas como minería, staking, NFTs y clasificación de activos digitales.
Para Chile, esto implica desenvolverse en un entorno global cada vez más coordinado, donde la trazabilidad de operaciones, el cumplimiento normativo y la coherencia regulatoria serán factores esenciales para impulsar un desarrollo seguro, competitivo y sostenible del mercado de criptoactivos.
"Chile se posiciona a la vanguardia regional con la implementación del CARF. Este primer año de reportabilidad obligatoria para exchanges y proveedores de servicios representa una oportunidad única para demostrar liderazgo y preparación en un entorno cada vez más regulado. El desafío será gestionar un volumen significativo de información y detalles, pero quienes se anticipen estarán mejor preparados para un escenario donde la autoridad tributaria utilizará estos datos para fortalecer cruces y eventuales fiscalizaciones".