Operaciones Leasing Ley 21.420

Fecha: 19-07-2022
Medio: Revista Sobre Ruedas de CNTC

Por Juan Pablo Pincheira, Senior Manager del área Legal y Tributaria de PwC Chile.

El leasing como mecanismo de financiamiento está presente desde sus inicios en la industria del transporte, presentándose generalmente como un arriendo de flotas de vehículos, muchas veces con equipamiento específico para cada rubro, según las necesidades de cada empresa, y por un período de mediano o largo plazo.

La ley 21.420, promulgada con fecha 27 de enero de este año y cuyo objetivo manifiesto es el financiamiento de la llamada Pensión Garantizada Universal (PGU), tuvo como consecuencia que modificó, entre otras materias, el tratamiento tributario de los contratos de leasing, afectando también los leasings operativos que se utilizan en esta industria. Hagamos un breve análisis de esta modificación a la ley de la renta.

En el proyecto de ley original, estas transacciones no fueron incluidas, siendo agregadas durante su discusión como medida adicional para aumentar la recaudación, homologando el tratamiento financiero contable que se da a estas transacciones, a su tratamiento tributario.

En síntesis, el tratamiento financiero reconoce la existencia de un financiamiento para la adquisición de un activo, pasando el adquirente del contrato a ser dueño del bien, aplicando en consecuencia, normas de depreciación. Por su parte, el tratamiento tributario trata a este contrato como un arrendamiento con opción de compra, correspondiendo al arrendatario deducir los pagos como gasto. Esta diferencia en el tratamiento produciría una distorsión que la ley propone eliminar, reconociendo para fines del Impuesto a la Renta la realidad económica de la operación.

Sin embargo, aparentemente la autoridad sólo consideró en su estimación, los efectos de operaciones de leasing, producidos para el arrendatario o adquirente, sin considerar los efectos recaudatorios por la parte del arrendador o dueño legal, según expondremos a continuación.

Así, para el arrendatario, el gasto por cuota de arriendo va a pasar a ser el valor de adquisición del bien de que se trate. Considerando que la cuota de arriendo comprende el precio del bien más un interés del financiamiento, la depreciación será por el valor de mercado del bien más el interés del financiamiento. En este caso, el efecto en recaudación es similar al tratamiento actual, donde la cuota de arriendo era un gasto para el arrendatario.

Respecto del arrendador, el total de la cuota (que como mencionamos considera el interés del financiamiento) será un ingreso, el que al imputarse contra el costo del bien (que debiese tender a su valor de mercado) determinará la utilidad o mayor valor. En resumen, debiese ser un valor cercano al interés de la operación, lo que corresponde al negocio real de las empresas de leasing.

En consecuencia, podemos señalar que si consideramos efecto tributario en arrendador y arrendatario, según normas tributarias actuales, no debiera haber una distorsión relevante en impuesto a la renta, ya que lo que el arrendatario deduce como gasto, el arrendador lo reconoce como ingreso y usa depreciación normal o acelerada como gasto. Puede haber diferimientos temporales en efecto neto (mayor depreciación acelerada versus reconocimiento cuotas en arrendador).

Dado lo anterior, parece haber existido algún entendimiento erróneo de los efectos del contrato de leasing en ambas partes.

En cuanto al ámbito de aplicación, en principio debiese afectar a todos aquellos contratos de arriendo de bienes (muebles e inmuebles) con opción de compra, que impliquen una operación de financiamiento.

Hay ciertas excepciones a los que no aplica (arriendos para exploración de uso de minerales, activos biológicos, ciertos acuerdos de concesión de servicios, entre otros) y ciertas exenciones al tratamiento financiero de arriendos. Específicamente, aquellos arriendos de corto plazo (de un año o menos por ejemplo) y a arrendamientos de activos de bajo valor (aún por definir).

Desde nuestro punto de vista, otro punto débil de este cambio legal es que el detalle del tratamiento tributario a estas operaciones deberá establecerse por el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Con esto pareciera que adolece del principio de legalidad de los tributos, ya que delega la facultad el legislador, en la administración tributaria que lo regule a través de una simple resolución administrativa. Es el legislador el que a través de la ley debe determinar la base imponible, los tipos de contratos que quedarán gravados, los elementos del impuesto y sus componentes.

Con esta delegación, el Servicio de Impuestos Internos en su resolución ¿incluirá solo a los contratos leasing con opción de compra?, ¿o a todos los contratos de arriendo de bienes muebles e inmuebles?

Finalmente, en nuestra opinión esta modificación no afecta al contrato de arriendo como herramienta de financiamiento con Impuesto de Timbres y Estampillas, ya que no se estructuran como operación de crédito de dinero.

En resumen, vemos una modificación que genera ruido, que implica actualizar metodologías a los equipos de contabilidad de las empresas, quizás evaluar nuevamente las condiciones de este tipo de créditos por su efecto financiero, y que no logra generar un impacto a nivel de recaudación. Esto es, una reforma que podría haberse evitado.

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Mabel González

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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