Opinión | Estado Regional pedigüeño

Fecha: 08-03-2022
Medio: El Mercurio

Por Francisco Selamé, Socio Líder de Asesoría Legal y Tributaria

Entre las normas ya aprobadas de la propuesta de nueva Constitución se cuenta aquella que define a Chile como un Estado Regional, conformado por entidades territoriales autónomas, entre las que se cuentan regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Se enuncia que la autonomía de todos estos entes territoriales es política, administrativa y financiera, que contarán con un patrimonio propio y gozarán de los poderes y competencias necesarias para gobernarse y se prohíbe que cualquier entidad territorial ejerza tutela sobre otra. En el ámbito regional, el poder ejecutivo es ejercido por su respectivo gobernador, quien la representará ante autoridades nacionales e internacionales. Por su parte, el órgano legislativo de la región es la Asamblea Regional, que tendrá poderes normativos, resolutivos y fiscalizadores. Dentro de sus facultades están aprobar el presupuesto regional y crear empresas regionales.

Las atribuciones de la región autónoma son vastas e ilimitadas y cubren vivienda, urbanismo, salud, transporte, educación y obras públicas, pero además organización del gobierno; desarrollo social, productivo y económico; cooperación internacional; desarrollo de la tecnología y la ciencia; conservación y preservación del medio ambiente y planes de descontaminación; fomento y protección de la cultura, las artes y el patrimonio arqueológico, lingüístico y cultural; manejo de cuencas y otras tantas más, sin perjuicio de la facultad de pedir al gobierno central que le transfiera competencias adicionales. Por su parte y para cubrir la implementación de todas estas políticas, la nueva Constitución les reconoce la muy limitada facultad de establecer contribuciones y tasas, dentro de su territorio, y de crear empresas estatales.

Considerando que las contribuciones y tasas suponen actividades o prestación de servicios públicos que deberán ser costeados por la entidad autónoma, resultarán irrelevantes y no más que una 'caja chica' de sus recursos. Por otra parte, las empresas estatales no suelen generar utilidades. Así las cosas, la desproporción entre gasto e ingreso regional es evidente. La nueva Constitución otorga a las regiones autonomía y una pesada carga de deberes, sin la responsabilidad de generar los recursos para financiarlos. Para esto deberán recurrir de manera reiterada al 'colchón estatal' o disputarse la compensación económica interterritorial a que estarán obligadas las regiones capaces de generar riqueza, con las consecuencias políticas y económicas que estos desequilibrios permanentes provocarán sobre el Estado Regional en su conjunto.

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Mabel González

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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