El artículo 389 de la propuesta constitucional

Fecha: 04-08-2022
Medio: El Mercurio

Por Francisco Selamé, Socio Líder del área Tax & Legal de PwC Chile.

El proyecto constitucional contiene 388 artículos y es pródigo en otorgar derechos y garantías a las personas naturales, a las naciones originarias e incluso a la naturaleza. En más de 100 disposiciones, detalla con precisión, entre múltiples otros, los derechos de los niños, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los ancianos y de las personas discapacitadas y neurodivergentes, y además de garantizar el derecho a la vida, la libertad, la educación y la salud, no desatiende el derecho a una vida sexual plena, al deporte, al ocio y al tiempo libre.

Ninguna de estas extensas disposiciones confiere, sin embargo, garantía alguna a los contribuyentes, que con el aporte de su trabajo y sus ingresos contribuirán al sostenimiento de todo ese amplio catálogo de derechos. Respecto de ellos solo parecen importar los deberes, que ahora se extienden incluso a la tarea de disminuir la pobreza. Seguramente, en la mentalidad de algunos, los contribuyentes son solo las multinacionales ávidas de lucro y los súper ricos que atesoran egoístamente sus riquezas, y que merecen ser expoliados.

Pero también son contribuyentes las pequeñas y medianas empresas, los profesionales, las fundaciones de beneficencia, los empleados y los trabajadores, el arrendador de un bien raíz y el pequeño inversionista. No es justo para ningún ciudadano que solo a través de un esfuerzo interpretativo se puedan construir algunas mínimas garantías en su favor.

Por eso faltó el artículo 389 en la propuesta constitucional, uno que limitara el poder tributario ya no solo del fisco, sino también de las entidades autónomas que podrán fijar tasas y contribuciones. Una norma que, junto con garantizar una tributación proporcional y justa, basada en la capacidad contributiva, exigiera reglas claras y seguridad jurídica y que propugnara una tributación fundada en el bien común y no en la hostilidad hacia un grupo. Un artículo que fundado en conceptos jurídicos, y no en utopías, fortaleciera el derecho al debido proceso, con tribunales tributarios especializados, y no con jueces administrativos generalistas, sin un sistema de justicia abierta que debilita la igualdad en la imposición y con una Corte Constitucional autónoma, defensora de la supremacía constitucional.

Deliberadamente o no, los contribuyentes no estuvieron para nada en la preocupación de los convencionales constituyentes, como si los impuestos fueran solo de cargo de algunos pocos que no merecen consideración alguna y no un deber ciudadano de todos.

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Mabel González

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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