Opinión | Desoyendo a Esopo

Fecha: 10-06-2022
Medio: El Mercurio

Por Francisco Selamé, Socio Líder de Asesoría Legal y Tributaria.

El borrador de nueva Constitución contiene una contradicción evidente y peligrosa. El Estado Social que proclama debe asegurar el bienestar de los ciudadanos, garantizándoles múltiples derechos económicos y sociales, como pensiones suficientes, viviendas adecuadas, educación de calidad y prestaciones de salud oportunas.

Lo anterior requiere de ingentes sumas para su financiamiento: un gasto no solo permanente, sino destinado a aumentar en el tiempo. Así lo reconoce además el propio texto, a través del llamado principio de progresividad en el financiamiento de los derechos fundamentales. A lo anterior se sumará el costo no menor de un Estado ahora seccionado, al menos en sus funciones, en múltiples regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, con la proliferación de una nueva casta política y funcionaria a escala local, que deberá ser financiada con cargo al erario público.

De esta manera, resulta evidente que el Estado Social y el Estado Regional requieren del sistema tributario como la herramienta fundamental para su sostenibilidad y desarrollo. Así parece entenderlo también el borrador, al atribuirle al ordenamiento impositivo una importancia que trasciende su finalidad recaudatoria, incorporando dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. ¿Dónde está la contradicción entonces? Simplemente en que un Estado Social no puede subsistir si no apoya una economía de mercado.

Solo un Estado que fortalezca el derecho de propiedad e impulse decididamente la actividad económica, la inversión y el empleo, podrá asegurar a través de los tributos su parte en esa riqueza que se vaya generando, y así costear el disfrute de los derechos ciudadanos. Pero el borrador en esta materia va claramente en sentido opuesto. Debilita, restringe y mira con recelo la propiedad privada, y entorpece y condiciona la libertad económica y el derecho a emprender, salvo paradojalmente cuando se trata de la actividad empresarial del Estado, la que llevada a cabo en condiciones preferentes, puede introducir distorsiones y aún más desincentivos a la actividad privada. El Estado Social necesita de la gallina de los huevos de oro, que, a pesar de los convencionales, nutre y engorda el vilipendiado capitalismo. No alimentarla decididamente equivale, como en la fábula de Esopo, a matarla y también a convertir en letra muerta el borrador constitucional.

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Mabel González

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