“Derechos de los contribuyentes quedan debilitados en borrador de la Constitución”

Fecha: 22-06-2022
Medio: El Mercurio

Se rompe el principio de igualdad, dice el experto, quien prevé mayor inestabilidad tributaria por la forma de generar las leyes de impuestos.

No es tanto la reforma tributaria, que el Gobierno presentará al finalizar el mes, lo que hoy más preocupa, sino los alcances de la propuesta del borrador de nueva Constitución que 'fortalece el poder tributario del Estado, frente a un contribuyente bastante debilitado en sus derechos', dice el abogado Francisco Selame, socio de impuestos de la firma auditora y consultora PwC, quien detalla una serie de reparos.

En su artículo 19, la Constitución vigente enumera 26 derechos constitucionales que garantizan a las personas, entre ellas, el derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Además, establece que los tributos no podrán ser desproporcionados o injustos y, subraya Selame, que los tributos no pueden entorpecer o limitar las garantías constitucionales, esto es —agrega—, que no se puede establecer un impuesto que haga imposible que la gente pueda acceder a la justicia.

El borrador ya no menciona estos derechos, se refiere a los tributos y a las características del sistema tributario, y dice que todas las personas tienen que contribuir al financiamiento del gasto público mediante el pago de impuestos, las tasas y contribuciones que autorice la ley. Establece luego que el sistema tributario se va a fundar en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, y dentro de sus objetivos tiene la reducción de las desigualdades y de la pobreza que según el abogado tributarista no puede cumplir, porque es el Estado y no el sistema tributario cuyo fin es recaudar, el que debe hacerse cargo de la reducción de la pobreza mediante distintas prestaciones sociales.

'El texto se concentra expresamente en la obligación de contribuir, y fortalece el poder tributario del Estado, frente a un contribuyente bastante debilitado en sus derechos. La Constitución define a Chile como un Estado Social de Derecho, pero desde un punto de vista tributario es mucho más un Estado Social y mucho menos un Estado de Derecho', sostiene el experto. Uno de sus reparos es que en materia tributaria se seguirá legislando, pero no de la manera democrática como ha sido hasta ahora, donde el principio de legalidad de los tributos se remonta a la Carta Magna y consiste en que los tributos deben ser establecidos por el legislador.

Es decir, las leyes tributarias solo pueden ser discutidas y aprobadas en el Parlamento. Con la propuesta, las tasas y contribuciones serán establecidas por las entidades autónomas, bastando una autorización que solo señala el hecho gravado y dejando plena libertad a las regiones y comunas para fijar la base imponible y los porcentajes que se apliquen. Los impuestos siguen siendo materia del Congreso de Diputadas y Diputados, pero no así las tasas y contribuciones que dan lugar a impuestos regionales que según las normas transitorias se tienen que establecer dentro de tres años, dice Selame.

Y agrega que, 'al salir los tributos de la esfera de los derechos fundamentales, se abre la posibilidad de que los impuestos sean establecidos por el Presidente de la República a través de decretos con fuerza de ley (DFL), sin participación del Congreso, mediante una simple autorización'. Asimismo, considera que se rompe el derecho a la igualdad tributaria al abrir la posibilidad de que cada región o comuna dicte sus tasas y contribuciones, y que se creen impuestos aplicados exclusivamente en una región determinada, lo que tendería a producir diferencias impositivas importantes entre las personas o entidades que tengan residencia en distintas regiones y comunas del país.

Respecto a la garantía general que hasta ahora impide al legislador establecer impuestos injustos o desproporcionados, pudiendo el contribuyente recurrir a la corte de justicia si, por ejemplo, considera que la ampliación de límite de las patentes municipales o que el impuesto de 400% que grava al tabaco es desproporcionado. El nuevo texto elimina esa garantía señalando que el conjunto de todos los impuestos que afecten a un contribuyente no puede ser confiscatorio.


Con ello, no se podrá reclamar sobre lo desproporcional que es un impuesto, sino en la medida que la desproporcionalidad de todo el sistema sea de tal magnitud que confisque la renta o el capital sobre el cual se aplique. Para el socio de PwC, esto es importante cuando en Chile se quiere establecer un impuesto al patrimonio de las personas físicas. También cuestiona el pluralismo jurídico que introduce el nuevo texto, versus el ordenamiento jurídico común a todos los habitantes, existente en la actualidad.

También, hace notar que se establece un sistema de justicia abierta en que el juez no debe ceñirse exclusivamente a las leyes para resolver un conflicto, sino que, además de las normas legales, debe considerar razones de justicia material, igualdad sustantiva y paz social. A futuro, de aprobarse las normas propuestas, su conclusión es que habrá mayor inestabilidad tributaria luego que el borrador favorece la modificación permanente de las normas tributarias. Al terminar con la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, quien ordenaba políticamente las reformas, vislumbra que ahora un grupo de diputados o de representantes regionales podrá presentar proyectos de ley en materia tributaria sin limitaciones, llevando a una profusión de iniciativas según las miradas e intereses de los parlamentarios.

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Mabel González

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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