Opinión | Cuento de hadas

Fecha: 26-04-2022
Medio: El Mercurio

Por Francisco Selamé, Socio Líder de Asesoría Legal y Tributaria.

Si hay algo más que no tiene ninguna justificación en la propuesta constitucional de la Convención Constituyente es la separación de los tribunales tributarios del actual Poder Judicial, para incorporarlos en un orden judicial paralelo, cuyas competencias compartirán con otros órganos jurisdiccionales que conocen materias administrativas muy diversas, que no guardan relación alguna con el sistema fiscal.

Curiosamente fue la desconfianza y menosprecio a los jueces, posterior a la Revolución Francesa, la que llevó a la creación de los tribunales administrativos, un sistema paralelo para resolver las contiendas entre ciudadanos y el Estado, regido más por la discrecionalidad que por el derecho, e integrado por los propios funcionarios de la administración, carentes de autonomía e independencia. Solo después de un proceso y gracias a valientes decisiones del Consejo de Estado francés, pudo construirse un sistema judicial de orden administrativo que hiciera suyos los principios de legalidad de los actos de la administración y de independencia judicial. Mirado desde esta perspectiva, nuestros tribunales tributarios fueron hasta su reforma, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, verdaderos tribunales administrativos, pero al estilo anacrónico de la Revolución.

En efecto era la propia administración, en este caso los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, la que debía conocer de las causas tributarias y resolverlas, facultad que a su vez delegaba, sin autorización legal alguna, en funcionarios de menor jerarquía. No está de más recordar la larga lucha librada por los contribuyentes y sus abogados, para terminar con este sistema de juez y parte del fisco y cuya impugnación ante tribunales internacionales por graves atentados a los derechos humanos, hoy en día resultaría evidente.

Desde su instauración, los nuevos tribunales tributarios, en cambio, han garantizado a los contribuyentes el acceso a un juez imparcial e independiente y su especialización ha contribuido al desarrollo del derecho tributario y a la protección del contribuyente frente a los excesos de poder de la administración y/o a la tutela del interés del fisco frente a contribuyentes incumplidores de sus deberes. Entonces, luego de haber pasado de una bochornosa justicia tributaria a cargo de tribunales administrativos, a una jurisdicción autónoma y respetable integrada al Poder Judicial, no se entiende este retroceso a que conduce la propuesta constitucional, salvo que queramos entenderla por un afán irracional de borrar toda huella institucional del pasado, para escribir en el papel un país nuevo, como quien se inventa un cuento de hadas.

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Mabel González

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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