Opinión: Recado para un cambio

Fecha: 10-02-2020
Medio: El Mercurio

Columnas de Opinión - Francisco Selamé, socio líder de Tax & Legal

Recientemente se ha presentado un muy innovador proyecto de ley que limita el monto de las herencias, pasando cualquier exceso directamente al fisco. Se plantea como un simple agregado a una disposición del Código Civil, como si no importara una modificación radical a múltiples instituciones del Derecho Privado y una contradicción absoluta con varias garantías constitucionales vigentes.

Me imagino el estupor de los profesores de Derecho Civil que alguna vez hicieron clases a los honorables abogados que presentaron el proyecto, al oírlos afirmar con total desenvoltura, que al morir una persona, sus bienes quedan en una especie de limbo jurídico en que nadie es dueño de los mismos, de manera que se pueden expropiar libremente.

Para llevar adelante de manera exitosa su proyecto igualitario, los propulsores deben desempolvar sus apuntes de Derecho Sucesorio y Derecho Constitucional, ya que tienen que hacerse cargo y modificar también las reglas sobre sucesión por causa de muerte, modos de adquirir el dominio, patrimonio, impuesto a las herencias, sujeción pasiva, normas antielusivas y otras tantas, con la dificultad que no podrán inspirarse en leyes extranjeras, ya que se trata de una idea sin precedentes en el Derecho Comparado.

Dado que, desde los romanos, los herederos suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones desde el momento mismo de la muerte y, por consiguiente, la medida que se quiere implementar claramente les afecta en sus derechos, los autores de la iniciativa deberán también modificar la Constitución. Simplemente, terminar con la garantía del Derecho de Propiedad y poner término al principio de que las expropiaciones deben ser previamente indemnizadas de acuerdo a su justo valor. Hacer tabla rasa de varias garantías de índole económica y para que nadie sostenga que se trata de un impuesto encubierto eliminar de la Constitución los principios de igual repartición de los tributos y el de razonabilidad que impide que se puedan establecer impuestos confiscatorios. Además, aprovechar de erradicar de nuestra Carta la garantía según la cual las normas legales no pueden conculcar derechos en su esencia.

Solo de esta manera y trabajando con mayor rigor y exhaustividad, los honorables diputados comprometidos con el proyecto se pondrán a la altura de los grandes juristas y reformadores del Derecho, cuya lista no me cabe duda quieren también integrar.

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Alejandra Castillo

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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