OPINIÓN: BOTERISMO CONSTITUCIONAL

Fecha: 09-07-2020
Medio: El Mercurio

El Congreso Nacional ha descubierto la fórmula para evadir las restricciones que la Constitución le impone en materias de su competencia. Ya que no puede ingresar un proyecto de ley en materias de iniciativa exclusiva del Presidente, simplemente los presenta bajo la forma de proyectos de reforma constitucional. Está usando esta argucia para tratar de aprobar el retiro de 10% de los fondos previsionales y ahora la utiliza en asuntos tributarios, al pretender establecer y regular un impuesto al patrimonio.

La tradición constitucional chilena establece normas relativas a los procedimientos para establecer impuestos, y desarrolla una serie de garantías en favor de los contribuyentes, asegurando la generación suficientemente representativa de las normas impositivas y el ejercicio proporcionado y equitativo del poder del Estado. Nunca hasta ahora un impuesto fue incorporado directamente en la Constitución.

Esto no es casual, simplemente la Carta Fundamental no es el espacio normativo previsto para la regulación de un tributo, que requiere de un muy extenso y complejo estatuto. No cabe duda de que el objetivo de las últimas reformas constitucionales en Chile estuvo inspirado en el propósito de introducir mejoras en el sistema político y democrático, nunca en incorporar normas inconstitucionales, para validarlas por el solo hecho de darles rango constitucional. Mirándolo de esta manera, se advierte la seriedad del asunto: los legisladores no están dispuestos a acatar la iniciativa exclusiva del Presidente, una de las reglas del juego democrático que juraron respetar.

Agrava la situación el hecho de estar pendiente un procedimiento para una eventual sustitución de la Constitución, que implica una revisión de todas sus disposiciones; entre ellas, esta. Sin esperar entonces el pronunciamiento ciudadano que tanto dicen valorar, los legisladores a través de esta inapropiada vía, la derogan desde ya. Las constituciones contienen reglas programáticas y principios. Incorporar en ellas materias que su texto entrega al dominio legal, para saltarse precisamente las reglas constitucionales de formación de la ley y otras tantas, debilita severamente la institucionalidad; nos iguala con países que acomodan y fuerzan las reglas de gobernabilidad para burlarlas, y nos arriesga a una amorfia constitucional, solo comparable a la pintura figurativa de Botero, cuyos exagerados volúmenes pueden generar risa y sarcasmo en el espectador.

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Alejandra Castillo

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

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