COP 25: Autoridad tributaria en la promoción de un desarrollo sostenible

Andrew de la Mare

Fecha: 30-06-2019
Medio: La Tercera

Sharoni Rosenberg, gerente Tax & Legal y RSE de PwC Chile.

En el contexto de la COP 25, en abril de este año se dictó la Ley N° 21.157, que autoriza a la Fundación Imagen llevar a cabo la organización y ejecución de la Conferencia. Más de la mitad del financiamiento se pretende obtener desde el sector privado y de aportes desde el extranjero, con lo cual se han autorizado las donaciones para este encuentro.

Lo interesante de esta ley, es que además de permitir la deducción como gasto de las donaciones en dinero y en especies, incluye las donaciones de servicios. Algo inédito hasta ahora.  En estricto rigor, el concepto de donación, tal como está regulado en el código civil, se refiere solo a la transferencia de bienes (dinero y especies), por lo que, a pesar de que jurídicamente no estaríamos frente a una donación, esta ley viene a reconocer una práctica muy utilizada y valiosa en nuestro país, como lo es el voluntariado corporativo.

En esta línea, hace unos días el SII emitió la resolución N° 75 de 2019, que crea el certificado N° 63 y que regula, entre otros, la forma de determinación del costo de este tipo de donaciones. En relación a los servicios, señala que se podrá deducir como gasto el valor directo o indirecto incurrido en la prestación y que para su respaldo se deberán mantener, en forma electrónica, los documentos que demuestren la efectividad del servicio prestado, propósito o justificación, detalle horas incurridas, plazo y forma de ejecución.

A diferencia de otras leyes dictadas específicamente para promover donaciones a eventos puntuales, como fue, por ejemplo, la visita del Papa, la COP 25 marca la aceleración de nuestro país hacia un desarrollo sostenible, en el cual todos los sectores, así como la ciudadanía en general, adoptarán un compromiso de largo plazo en el combate contra el cambio climático y la sostenibilidad en general.

Por lo mismo, y en el afán de ser coherentes con lo que implica esta conferencia para Chile y el mundo, se deberá reabrir el debate sobre la posibilidad de deducir como gasto aquellos desembolsos que busquen mitigar nuestros impactos ambientales negativos y maximizar nuestros impactos sociales positivos, que actualmente son rechazados por no considerarse necesarios para generar la renta.

Un claro ejemplo de esto, fue el oficio N° 2287 de 2018 que señaló que el valor pagado por una empresa para adquirir los bonos de carbono, con el objeto de compensar la emisión de sus contaminantes, constituye un gasto rechazado del artículo 21 de la LIR.

Las empresas necesitan y buscan legitimarse ante todas sus partes interesadas y para esto requieren ir más allá de las exigencias que impone la ley. Por lo mismo, un negocio responsable es aquel que pondrá dentro de sus prioridades los aspectos económicos, pero también los ambientales y sociales, y por ello la importancia que tendrá la autoridad tributaria en la promoción del desarrollo sostenible a nivel empresarial, al permitir o no la deducción de gastos que vayan en esta dirección.

Las cifras hablan por sí solas: de los programas de reducción que difunden los CEOS en el mundo, el 85% de las iniciativas fracasa. ¿Estará bien seguir “haciendo más de lo mismo” con estos resultados?
Las cifras hablan por sí solas: de los programas de reducción que difunden los CEOS en el mundo, el 85% de las iniciativas fracasa. ¿Estará bien seguir “haciendo más de lo mismo” con estos resultados?
Las cifras hablan por sí solas: de los programas de reducción que difunden los CEOS en el mundo, el 85% de las iniciativas fracasa. ¿Estará bien seguir “haciendo más de lo mismo” con estos resultados?
COP 25: Autoridad tributaria en la promoción de un desarrollo sostenible

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Alejandra Castillo

Coordinadora de comunicaciones externa, PwC Chile

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