Acción penal tributaria: ¿Disuasión o castigo?

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Francisco Selamé Socio líder Área Legal y Tributaria PwC Chile.

En la Sociedad de la Transparencia, tan bien retratada por el filósofo ByungChul Han, ha desaparecido definitivamente la confianza y el cuerpo social opta en cambio por controlar y vigilar. Bajo estas premisas, resulta muy fácil entender el actual cuestionamiento que desde distintos ámbitos ha surgido a la facultad privativa del director nacional del Servicio de Impuestos Internos para ejercer la acción penal en materia tributaria. Por el contrario, parece difícil e incluso extemporáneo defender una atribución que pueda ejercerse discrecionalmente, esto es conforme al buen saber y entender, de una única autoridad administrativa.

Pero lo cierto es que dicha atribución no se ha ejercido nunca de manera poco transparente o sin sujeción a control alguno.

En efecto, el propio Servicio de Impuestos Internos, conforme a una doctrina de muy larga data, ha definido como parámetro orientador de su actuar en esta materia el efecto 'ejemplificador' frente a los contribuyentes.

Ejemplificar supone una renuncia expresa a la generalidad, una postergación de la igualdad frente al interés patrimonial del Estado, con miras a la mejor financiación de sus fines.

Deliberadamente se actúa sólo en ciertos casos y no en todos, seleccionando aquellos que tengan suficiente connotación, para inhibir oportunamente determinadas conductas evasivas, asegurando de esta manera el incremento de las arcas fiscales.

Se trata de una especie de finalidad de prevención general, con el fin de mantener la vigencia del derecho tributario, y se justifica en una materia como la penal tributaria, en que abundan los tipos penales en blanco, que si bien facilitan la evolución de la interpretación de las conductas delictivas, dificulta aún para los expertos determinar claramente los contornos del ilícito tributario.

Resulta curioso que algunos sostengan que sin cambios legislativos de por medio determinadas conductas que no eran delitos anteriormente lo sean hoy. Lo que se quiere decir más bien es que tales conductas, que sin haber pasado previamente por el control judicial, se consideraban simples infracciones administrativas, pasan a ser catalogadas por los tribunales, ante el asombro de muchos, como verdaderos delitos tributarios. Dificulto que en otra área del derecho penal este fenómeno pueda darse con la periodicidad y frecuencia que ocurre en el derecho tributario.

Así apreciados los hechos, no cabe duda que en el caso del llamado financiamiento ilegal de la política, el ejercicio selectivo de la acción penal logró no solo que muchos contribuyentes voluntariamente rectificaran sus declaraciones y pagaran los impuestos y cuantiosas multas, sino lo más importante: erradicar una práctica generalizada, nociva para los in- tereses fiscales.

Detrás del ejercicio privado de la acción penal por parte del director del Servicio de Impuestos Internos, está también el reconocimiento de que ese organismo técnico es el mejor capacitado para detectar desde el ámbito de su ejercicio de fiscalización los casos de posibles delitos tributarios, así como para ponderarlos desde el punto de vista criminal y tributario; lo que realiza a través del procedimiento reglado de recopilación de antecedentes y un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a la investigación de éstos, que actúa coordinadamente con otras áreas del propio organismo fiscalizador.

La entrega de la acción a organismos menos técnicos en esta materia y cuyo objetivo es básicamente la persecución y castigo de los delitos significa un cambio radical de paradigma, haciendo prevalecer la punición penal por sobre la función recaudadora y la persecución general por sobre la selectiva.

Lo anterior requeriría un cambio sustantivo y urgente de las normas penales tributarias actuales, las que deberían describir de manera precisa, clara y exhaustiva la infracción penal, garantizando con mayor énfasis la seguridad jurídica de los contribuyentes, más aún en un ambiente de reciente incremento de sanciones, por la plena vigencia de la nueva norma general antielusiva.

Finalmente, y como quedó demostrado por la Contraloría General de la República, las actuaciones discrecionales del Servicio, como las de cualquier órgano administrativo, quedan sujetas al control de ésta, de modo que no se ejerzan de manera arbitraria o caprichosa, sino conforme a parámetros y políticas claramente definidas.

Lo anterior no podría desconocerse en este caso, revisando la larga y uniforme tradición disuasiva y protectora del erario fiscal, que ha inspirado la persecución de los delitos tributarios por el Servicio de Impuestos Internos, y cuya consistencia y efectividad no pueden negarse.

Detrás del ejercicio privado de la acción penal por parte del director del SII, está el reconocimiento de que ese organismo técnico es el mejor capacitado para detectar posibles delitos tributarios.

La entrega de la acción a organismos cuyo objetivo es la persecución y castigo de los delitos significa un cambio radical de paradigma, que hace prevalecer la punición penal por sobre la función recaudadora y la persecución general por sobre la selectiva.

Detrás del ejercicio privado de la acción penal por parte del director del SII, está el reconocimiento de que ese organismo técnico es el mejor capacitado para detectar posibles delitos tributarios.

La entrega de la acción a organismos cuyo objetivo es la persecución y castigo de los delitos significa un cambio radical de paradigma, que hace prevalecer la punición penal por sobre la función recaudadora y la persecución general-por sobre la selectiva


Fecha: 04-06-2017
Medio: La Tercera 

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