Lorena Izquierdo, Gerenta Forensic Service de PwC Chile
El día 20 de noviembre de 2018 se publicó y entró en vigencia en Chile la Ley N° 21.121, que constituye una verdadera reforma a las normas sobre anticorrupción de Chile, modificando varios artículos del Código Penal y de la ley No. 20.393 sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. La reforma tipifica y sanciona los delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal. Adicionalmente, aumenta el radio de acción del comiso, para incluir las ganancias ilegales, y ciertamente eleva el estándar de responsabilidad penal de las personas jurídicas que se encuentren vinculadas a estos hechos delictuales.
A continuación se encuentra un resumen de los principales aspectos de esta ley y sus consecuencias:
I. Prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado
En los casos de delitos calificados como crímenes, se establecen inhabilitaciones absolutas de carácter perpetuo o temporal, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado.
II. Penas corporales, restrictivas y pecuniarias
Se incrementan las penas corporales, restrictivas y pecuniarias para los delitos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como la malversación de fondos públicos, el cohecho y los fraudes.
En el caso de las penas corporales, se aumentan, en la mayoría de los casos, pasando de un límite máximo de reclusión menor en grado medio (es decir, de 541 días a 3 años) a un límite máximo de reclusión menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años). Asimismo, se establece una modificación en la modalidad de cálculo de las penas pecuniarias, transformando las multas de monto fijo a multas proporcionales a los beneficios obtenidos en virtud de la comisión del delito, las que ahora van desde la mitad hasta el doble del monto asociado al delito en caso de malversación hasta el cuádruple del provecho en caso de los delitos de cohecho.
En el caso de las penas restrictivas de inhabilitación para ejercicio de cargos u oficios públicos, se aumenta la sanción, desde la inhabilitación absoluta temporal a penas de inhabilitación absoluta perpetua en ciertos casos. Otro aspecto relevante es la restricción de aplicar penas mínimas a aquellos funcionarios públicos con cargo de elección popular, de exclusiva confianza, alta dirección pública, perteneciente al Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Carabineros, entre otros, que hayan cometido algún delito de corrupción.
III. Incorporación de nuevos delitos
Esta ley crea un nuevo delito de corrupción dentro del mundo privado, estableciendo sanciones de cárcel y multas al empleado o mandatario que solicite o acepte recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación de un oferente por sobre otro.
Adicionalmente, se establece dentro del Código Penal un delito de administración desleal, para sancionar a quien estando a cargo de la salvaguarda o bien, de la gestión del patrimonio de otra persona, ejerza sus atribuciones de forma abusiva o realice acciones de contrarias al interés del dueño de ese patrimonio.
IV. Consecuencias en el mundo privado
Chile se ha mantenido en los últimos años muy bien posicionado respecto de los estándares internacionales en materias de anticorrupción. La Ley 21.121 busca dar un mayor alcance y hacer más estricto el marco legal anticorrupción establecido por la Ley 20.393 promulgada en noviembre de 2009, por lo cual muchas empresas implementaron o modificaron sus modelos de prevención. Ahora, con la Ley 21.121, ha tomado especial relevancia la necesidad de que las empresas privadas evalúen el alcance de aquellos modelos, es decir, que modifiquen y mejoren sus controles internos y externos, políticas de gestión y códigos de conducta a un estándar más alto de probidad.
Esta reforma es aplicable tanto al sector público como al sector privado dado que incorporó nuevos delitos de corrupción. Los nuevos tipos penales establecidos por esta ley y las modificaciones que aplica al Código Penal, levantan alertas para las empresas privadas que no deben ser pasadas por alto. Delitos como la corrupción entre particulares y administración desleal serán ahora un foco de vigilancia específico para los gobiernos corporativos dado que las malas prácticas o delitos contenidos en esta ley conllevan sanciones penales que pueden repercutir no sólo en sus empleados sino también en la persona jurídica.
Esta modificación es un nuevo avance en la ley chilena para asegurar y mantener la excelente posición a vistas de la comunidad internacional. Es un nuevo impulso con el fin de prevenir, detectar y castigar las malas prácticas contenidas en la Ley 20.393, que han sido ampliadas en virtud de la reforma establecida en la Ley 21.121 a dicha ley y al Código Penal.
