Costo impositivo: ¿dato o variable de análisis?

Las nuevas normas sobre Precios de Transferencia exigen a la empresa un mayor análisis de sus opciones fiscales

En los últimos años ha podido apreciarse con claridad un incremento en la cantidad y la calidad de los procesos inspectivos llevados a cabo por la Administración Fiscal. Es bueno que esto suceda a efectos de intentar corregir la competencia desleal sufrida por quienes pagan sus impuestos como deben hacerlo, a manos de quienes no lo hacen.

En las economías avanzadas, de las cuales hay buenos ejemplos, la eficiencia y eficacia en el proceso de fiscalización de la Administración Fiscal desplaza el factor competitivo hacia la búsqueda de alternativas de pago de impuestos más eficientes ya que la alternativa de no cumplir la ley fiscal no tiene cabida. Cuando nos referimos a las alternativas de pago de impuestos más eficientes aludimos en realidad a las distintas alternativas posibles para que una empresa realice su actividad con el menor costo fiscal o el menor riesgo de cuestionamiento impositivo, para un mismo nivel de resultados operativos y de negocios.

Existen múltiples formas a través de las cuales una empresa puede optimizar su carga impositiva. Muchas de ellas se presentan cuando la empresa no analiza en forma adecuada su posición fiscal e incurre por tanto en prácticas ineficientes desde tal punto de vista. Pero aún las que no se encuentran entre las anteriores, muy frecuentemente tienen oportunidades para mejorar su posición cuando se le otorga espacio a proyectos de planificación más sutiles y complejos.

No pretendemos en este espacio agotar este tema, tarea imposible, sino poner de manifiesto algo que no parece estar lo suficientemente claro para todos los actores, según nos indica la experiencia: el costo impositivo que enfrenta una empresa no es un dato fijo para cada actividad sino una variable usualmente clave que requiere por ende una administración cuidadosa.

Ejemplifiquemos lo anterior con un análisis muy simple. Todos sabemos que están en vigencia en nuestro país flamantes normas sobre Precios de Transferencia. Muchas empresas están alcanzadas por dicha normativa y deben controlar que los precios de las transacciones que realizan con sus vinculadas del exterior, con sociedades usuarias de zonas francas uruguayas o con otras entidades localizadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación, sean adecuados, esto es, que son precios “de mercado”. Analicemos el caso de una empresa que importa productos terminados desde una vinculada para revenderlos en plaza. Si los precios de compra fijados para dichos productos fueran mayores a los de mercado, la empresa local estaría asumiendo un riesgo en relación al IRAE puesto que la Administración Fiscal podría exigirle el pago de dicho impuesto más las sanciones correspondientes sobre la mayor utilidad teórica que hubiera debido corresponder en caso que los precios hubieran sido de mercado.

Nótese que en tal eventualidad, la empresa infractora estarían obligada a ajustar sus resultados alcanzados por IRAE pero no podría necesariamente reliquidar los tributos aduaneros que hubiese pagado de más al estar “sobrevaluados” los precios de los bienes importados. En tal sentido las normas sobre Precios de Transferencia no rigen a efectos aduaneros, ámbito que requiere la aplicación de una normativa específica. Incluso podría eventualmente agregarse un efecto financiero, dado por el mayor IVA y otros anticipos de impuestos pagados en oportunidad de la importación, que tampoco podría ajustarse retroactivamente.

Este simple ejemplo demuestra cómo una adecuada planificación fiscal hubiera permitido ajustar oportunamente los precios de los bienes importados, eliminando el riesgo o el pago de multas y recargos sobre el IRAE impago, reduciendo a la vez los tributos aduaneros pagados en ocasión de las respectivas importaciones y otros eventuales costos relacionados.