Tributación e inclusión

El Comercio
Miguel Mur
Socio TLS PwC
Mayo 2012

El problema de Conga trae al debate la ineludible obligación de las empresas de respetar, preservar y mejorar el entorno en que operan. Ante un país que tiene acumulada una gran deuda social, las expectativas poblacionales son inmensas. Por eso sorprende que nuestra legislación tributaria no promueva el cierre de las brechas sociales y el cambio de conductas que eviten mayores daños a nuestro ecosistema.

En la esfera del medio ambiente, la tributación no está detrás de la obtención de mayores ingresos que compensen el daño ecológico, pues ninguna recaudación sería capaz de reparar, por ejemplo, el daño a la capa de ozono. Lo importante es introducir reglas que induzcan la adopción de nuevas conductas que hagan sostenible el desarrollo de las empresas en armonía con el entorno social y el ecosistema. Mi impresión es que la legislación tributaria no contribuye a la adopción de estas conductas ni facilita la inclusión social. Aquí algunos ejemplos:

1) Las comunidades tienen grandes esperanzas en la inversión privada y confían que la presencia de las empresas mejore su calidad de vida. Para hacer gran empresa en el interior del país es imprescindible conciliar los intereses económicos con las expectativas sociales, que pasan por la construcción de infraestructura básica para las comunidades. No existe una sola letra en nuestra legislación tributaria sobre estas inversiones y por ello muchas empresas tienen que acudir a tribunales para demostrar que las escuelas, caminos y demás obras son gastos de responsabilidad social y no donaciones o gastos de imagen, que los fiscalizadores arguyen para desconocer su deducción.

2) La explotación de nuestros recursos naturales se otorga en concesión dentro de un marco legal orientado a garantizar su explotación racional. Lo racional es que, concluidas las tareas de explotación, el área concesionada sea reparada. Estos gastos pueden ser cuantiosos y si, como sostiene Sunat, solo pueden deducirse cuando se realicen, estamos negando su deducción. ¿Qué es, entonces, lo racional? Permitir que las empresas conformen durante la explotación un fondo para la reparación del área dañada y que este sea anualmente deducible. Si el Estado se anima a dar esta norma, daremos un gran salto de competitividad y justicia.

3) El Perú es suscriptor de la Convención Internacional de Kyoto, destinada a disminuir las emanaciones de dióxido de carbono. Las grandes economías se han comprometido a reconvertir sus industrias, y de no hacerlo, a financiar la industrialización limpia de los países en desarrollo. Con ello, se ha abierto un mercado internacional de bonos de carbono al cual nuestras empresas pueden acceder. ¿Este ingreso proveniente de la realización de estos bonos es un ingreso afecto? Y si lo es, ¿no estamos desalentando la industrialización limpia?

Nuestro desarrollo es posible con inclusión social y respeto al medio ambiente, pero  hay que ser consistentes en todas las esferas, incluyendo la tributaria.