Tratamiento tributario aplicable a gastos de RS

Rumbo Minero
Daniela Comitre
Abogada Senior
Diciembre 2011

El tratamiento tributario aplicable a los gastos por responsabilidad social de empresas de la industria minera, fue durante mucho tiempo un tema sumamente controvertido en el Perú. Concretamente, se cuestionaba la deducibilidad de dichos gastos para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.

En concreto, SUNAT venía reparando la deducción de tales gastos al considerar que constituían, en realidad, donaciones o actos de liberalidad que no le reportan ningún tipo de beneficio a la empresa que los hacía, por lo que no contribuían a generar renta gravadas.

SUNAT fundamentaba dichos reparos en una interpretación restrictiva del artículo 37 de la Ley del IR. Este artículo consagra el denominado principio de causalidad y señala que para establecer la renta neta de tercera categoría pueden deducirse de la renta bruta todos aquellos gastos que sean necesarios para producirla y para mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley.

Y es que al considerar a los gastos en beneficio de las comunidades como liberalidades, no existía causalidad: es decir, no había vinculación entre el gasto y la fuente productora de la renta; es decir: los gastos efectuados a favor de comunidades no era un gasto necesario para producir renta o para mantener fuente productora de la misma.

Por el contrario, las empresas mineras argumentaban, tanto en los procesos de fiscalización como vía recursos de reclamación o de apelación ante el Tribunal Fiscal (TF), que los gastos de RS sí eran deducibles para propósitos tributarios pues inciden directamente en el mantenimiento de la fuente productora de la renta gravada. En el caso de la minería, por ejemplo, debido a sus características particulares, es sumamente importante fomentar y mantener buenas relaciones con las comunidades, pues no hacerlo podría originar el surgimiento de conflictos sociales, económicos y ambientales que afectarían directamente la actividad productiva de la empresa.

De hecho, el propio Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre la RS y su relevancia en la sentencia contenida en el expediente No.1752-2004-AA/TC donde señaló lo siguiente:

“El concepto de responsabilidad social de la empresa que, por ejemplo, se maneja en las instituciones de la Unión Europea alude a la relación de las empresas con las preocupaciones sociales y medioambientales a través de sus actividades comerciales. En el caso de la empresa XXXXXXX esta vinculación es clara por las actividades que realiza. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá del cumplimiento invirtiendo en el entorno local y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de las comunidades locales.

Conforme al artículo 59 de la Constitución, el Estado estimula la creación de la riqueza y la libertad de empresa, comercio e industria. Estas se ejercen en una economía social de mercado según lo dispone el artículo 58 de la Constitución. Al respecto, este Colegiado considera que la responsabilidad social de la empresa es plenamente compatible con las disposiciones constitucionales citadas”.

Como puede observarse, el TC ha reconocido que la RS busca el desarrollo sostenible de la empresa de modo que a través de iniciativas tales como inversiones a favor de las comunidades de las zonas donde se realizan las actividades, se establezcan relaciones armónicas con las mismas, ya que uno de los principales riesgos que amenaza la sostenibilidad de una empresa proviene de su interacción con la comunidades.

Dichos riesgos son justamente aquellos que pueden llegar a afectar la rentabilidad, viabilidad o sostenibilidad del negocio. Esa afectación, como es evidente, impactaría en la generación de rentas gravadas. Siendo así, cualquier gasto incurrido para evitar los denominados conflictos sociales y por tanto, una afectación en la producción de rentas gravadas, deben ser plenamente deducibles.

Es así que el 17 de diciembre, el TF emitió la Resolución No. 016591-3-2010 por la cual resolvió un caso en el que la SUNAT reparó los gastos deducidos por una empresa en el ejercicio 2003, relacionados con la entrega de bienes a los pobladores de comunidades nativas, porque consideró que se trataba de liberalidades que no se encontraban dentro del principio de causalidad.

En su defensa, la empresa señaló que esos bienes eran parte de las responsabilidades asumidas con su entorno y que, de no ser cumplidas, podría generar situaciones de conflicto que alterarían el desarrollo normal de sus actividades. Sin embargo, la SUNAT consideró que tal motivo no fue demostrado por la empresa con pruebas.

Sin embargo, el TF señaló que el principio de causalidad es una noción que en nuestra legislación es de carácter amplio, pues permite la deducción de erogaciones que no guardan relación de manera directa con la generación de renta por lo que, para el caso, deberá aplicarse criterios adicionales como el de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, el principio de causalidad debe comprender todo gasto que no sólo tenga relación con la producción de la renta sino también con el mantenimiento de la fuente, sea la relación directa o indirecta.

Concluyó entonces que los gastos de la empresa no calificaban como una liberalidad(*), ya que fueron realizados con la intención de evitar conflictos sociales que pudieran afectar el normal funcionamiento de la empresa. Señaló además que los gastos realizados tenían destinatarios concretos e identificados que pertenecían a las comunidades nativas involucradas en los conflictos sociales de años anteriores, por lo que se procedió a dejar sin efecto el reparo.

Ahora bien, es importante tomar en cuenta que aun cuando desde un punto de vista conceptual los gastos de RS de las empresas resultan deducibles para la determinación del IR, será necesario demostrar con documentación suficiente que ellos fueron efectivamente destinados a fines sociales (acreditar, por ejemplo, que las comunidades de las zonas de influencia de un proyecto minero recibieron efectivamente bienes y/o servicios de una empresa).

Así, los planes de RS, las acciones de monitoreo y los reportes de RS (balances sociales) constituyen documentos de suma utilidad para poder demostrar antes la SUNAT la razonabilidad y causalidad del gasto y que estos responden a una política coherente de la empresa y no a una liberalidad.

Asimismo, en la mayoría de los casos, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) incluyen ciertas obligaciones de RS que las empresas deben cumplir para mitigar, reducir y eliminar riesgos ambientales y sociales, por lo que pueden ayudar también a sustentar la relación de causalidad de esos gastos.

(*) El TF define a la liberalidad como el “desprendimiento, la generosidad, la virtual moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa” y por tanto son “todas aquellas cantidades satisfechas sin contraprestación alguna por la parte que las recibe”.