No recauda ni deja invertir

El Comercio, 29 de setiembre de 2009

Históricamente, los recursos públicos en el Perú no han sido adecuadamente utilizados, no habiendo llegado de manera apropiada a los sectores sociales más necesitados.

Tal vez con la anunciada creación de los “Núcleos Ejecutores” se podrán canalizar con relativa rapidez los recursos para financiar obras de poca envergadura, pero la solución mayor para un país como el nuestro, con un déficit de inversión en obra pública superior a los US$ 20.000 millones, requiere de otras medidas.

El Estado recauda para gastar, para redistribuir estos dineros en la economía nacional, construyendo principalmente la infraestructura de impacto social, con la finalidad de vigorizar el desarrollo nacional y elevar así las condiciones de vida de su población, empezando por los más necesitados. Pero si su incapacidad para invertir con prontitud y eficiencia deviene en infecundo, en un embudo que dificulta devolver selectivamente los dineros de la recaudación a la sociedad, entonces lo aconsejable es introducir firmes modificaciones al sistema de recaudación para que el Estado -en determinados casos- no recaude lo que no está en capacidad de gastar, siempre que, a cambio, los contribuyentes reinviertan sus utilidades con espíritu solidario.

La reinversión de utilidades acumuladas o las que se generen en el futuro debería permitir que las empresas opten por incrementar efectivamente sus gastos de planilla, modernizar sus plantas, adquirir nuevos activos o emprender obras de desarrollo de efectivo impacto social. En este último aspecto, hay que reconocer, que son las empresas quienes saben exactamente qué obras sociales se necesita emprender para coexistir armónicamente y con urgencia con las poblaciones más pobres del país. Además, la descentralización registrada en sectores estratégicos como energía,  minería, agroindustria o turismo, facilita que esa inversión social impacte a lo largo y ancho del país en forma casi inmediata.

Este planteamiento supone, sin la menor duda, una nueva apuesta a la confianza en el sector privado con el fin de “privatizar parcial y temporalmente el gasto social del Estado”, ya que bajo las actuales circunstancias corremos el riesgo de autoexcluirnos del selecto grupo de países que crece en un entorno internacional recesivo. La actual dinámica del gasto estatal es insostenible y por ello el Estado debe confiar en los entes privados y trasladar a ellos la asignación inteligente y justa de los recursos.

Una legislación de esta naturaleza debe venir aparejada de un marco regulatorio coherente, con una autoridad que progresivamente se perfeccione para que llegado el momento ejerza a cabalidad la fiscalización de todos los emprendimientos y castigue ejemplarmente, a los contribuyentes que defraudaron la confianza del Estado con el sólo propósito de beneficiarse tributariamente.

La propuesta no es sustituir al Estado en su  primordial actividad de fomento social; se trata simplemente de colaborar con él, pues de la aplicación fluida y exitosa de los recursos del país depende que retomemos la vía que nos vislumbraba como un próximo milagro económico.

Miguel Mur
Socio principal
PricewaterhouseCoopers