Los Derechos Laborales

Diario El Peruano
César Puntriano
Director del Área Laboral
Enero 2014

A inicios de los años noventa, nuestro país transitaba por una profunda precarización del empleo, con remuneraciones deterioradas producto de la hiperinflación. En este contexto, el gobierno de entonces aplica un Programa de Ajuste Estructural a través de un conjunto de medidas políticas que buscaban redefinir los roles económicos del Estado, del mercado y las reglas del juego en el ámbito macroeconómico. El Estado asumió un rol subsidiario en la economía, y en lo laboral se orientó por un rol flexibilizador a partir de una desregulación normativa, que buscaba vincular las remuneraciones a la productividad.

 

Así, los ejes de la flexibilización laboral peruana fueron la salarial y la numérica. La primera se centró en la eliminación de la participación del Estado en la definición salarial (reglas de mercado salvo al inicio luego del fujishock), supresión de la indexación salarial (Decreto Legislativo N° 757) y disociación entre remuneraciones e inflación. Por su parte, la flexibilización numérica opera en sus modalidades interna y externa. La externa posibilita la subcontratación, lo cual se evidenció con el amplio margen de uso de las cooperativas de trabajadores, inclusive para cubrir actividades principales y permanentes de las empresas usuarias al igual que la intermediación laboral; mientras que la interna elimina restricciones para contratar trabajadores temporales para actividades permanentes, contratar jóvenes fuera de la protección laboral, eliminar estabilidad laboral absoluta y despedir colectivamente a trabajadores.

 

Los objetivos de la flexibilización laboral fueron el incremento de las remuneraciones y la creación del empleo. Lamentablemente, las estadísticas demuestran que ello no ocurrió, pues se incrementó el trabajo informal sobre el formal y campeó la precarización laboral. Asimismo, se incrementó exponencialmente la contratación eventual, que tuvo efectos muy negativos en la afiliación sindical. En cuanto a las remuneraciones, el valor real de los ingresos cayó y el Estado incrementó los costos laborales no salariales en forma contradictoria, lo cual demostró que más que una política laboral existió una política tributaria con implicancias laborales. Es en ese marco de reformas que se hacía necesaria una nueva Constitución que otorgue legitimidad a las medidas desreguladoras.

 

POSICION LIBERAL

Así, la Constitución de 1993 se expidió en el contexto de un gobierno liberal que transitaba de una etapa dictatorial derivada de un autogolpe de Estado hacia una etapa democrática ("democradura" o "dictablanda" para algunos) en la que necesitaba de una norma fundamental "hecha a la medida". Con una mayoría parlamentaria importante, el Congreso Constituyente Democrático (CCD), convocado tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992, redactó la Carta Magna, que fue aprobada mediante el referéndum de 1993 con resultados discutidos por muchos sectores de la población. En materia laboral, la Constitución de 1993, de corte liberal, evidenció la intención del Constituyente de minimizar la importancia del trabajo, pues además de la reducción del número de derechos laborales contenidos en su texto, a diferencia de su antecesora (Constitución de 1979), retiró a los derechos laborales de un capítulo especial y les negó el calificativo de fundamentales, al situados fuera del Capítulo I de su Título I, que es el que recoge los derechos de tal naturaleza. Este "aligeramiento11 del tratamiento de la materia laboral por  parte de la Constitución de 1993 se expresa de tres maneras distintas: Primero, mediante la eliminación de buena parte de derechos, principios o mandatos al legislador de naturaleza laboral previstos por la Constitución de 1979. Así, por ejemplo, desaparece la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la preferencia del empleo de trabajadores nacionales frente a extranjeros, la posibilidad de llevar a cabo reducciones de la jornada de trabajo por ley o convenio colectivo, la obligación de remunerar extraordinariamente el trabajo que supere la jornada ordinaria, la compensación por tiempo de servicios, el derecho al pago de gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios sociales, la promoción pública de la higiene y seguridad en el trabajo, el fuero sindical, la retroactividad benigna de las leyes laborales, entre otras disposiciones. Segundo, se limita el contenido a determinados derechos o principios laborales de vocación tuitiva, como el derecho a la estabilidad en el empleo, de participación en la empresa o el derecho de huelga. La Constitución de 1993 introduce la protección contra el despido arbitrario en vez de la estabilidad en vez de estabilidad laboral, dejando en manos del legislador la decisión en relación con el nivel adecuado de protección. Ante ello, surge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como garantía para dotar de contenido a la limitada regulación constitucional en materia de estabilidad laboral. En tercer lugar, las referencias de detalle al contenido de algunos derechos o principios laborales presentes en la Constitución de 1979 son sustituidas por meras alusiones a los mismos. Por ejemplo, el derecho a la libertad sindical pasa de ser regulado en detalle a solamente recogido de manera genérica sin precisar su ámbito de aplicación subjetivo u objetivo, haciendo necesario recurrir a los Convenios N° 87 y 98 de la OIT, y a los pronunciamientos de los órganos de control de dicho organismo internacional, nos referimos al Comité de Libertad Sindical y a la Comisión de Expertos en la Aplicación de los Convenios y Recomendaciones.

 

PLENA EXIGIBILIDAD

Ahora bien, y pese a la debilitación de las instituciones laborales en nuestra Constitución vigente, resultaría injusto, a nuestro entender, descalificar a la Constitución como una norma que regula en forma equilibrada a los derechos laborales. En efecto, si el contenido constitucional resulta limitado, el intérprete deberá releer el texto constitucional teniendo presente lo siguiente: (i) el carácter tuitivo de los derechos laborales y el reconocimiento constitucional del principio protector (Art. 23) y la autonomía colectiva, (ii) los derechos laborales no dejan de ser fundamentales al derivarse de la dignidad humana (artículo 3 de la Constitución) y al encontrarse contenidos en tratados de derechos humanos (convenios de la OIT) que le otorgan el mencionado rango; (iii) las disposiciones constitucionales deben interpretarse conjuntamente con los tratados de derechos humanos (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución), teniendo además en cuenta los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT (STC N° 3736-2010-PA/TC; (iv) la Constitución es un todo armónico y que cualquier aparente tensión en sus disposiciones debe resolverse optimizando su interpretación (unidad y concordancia práctica), como el caso de la aparente negación al derecho a negociación colectiva de trabajadores estatales, en su Art. 42, que se resuelve leyéndolo conjuntamente con el reconocimiento a este derecho en el Art. 28 de la propia Constitución); (v) que el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de nuestra Carta Magna, complementará técnicamente aquella regulación insuficiente que contiene nuestra Constitución. Leída y aplicada la Constitución bajo las pautas expresadas, consideramos que ha quedado superada aquella intención de degradar los derechos laborales, encontrándose los mismos reconocidos al más alto nivel en nuestro ordenamiento, lo cual garantiza su plena exigibilidad por parte de los trabajadores.