Los acuerdos anticipados y los procesos de fiscalización Precios de transferencia

Diario El Peruano
Fernando Becerra
Gerente de TLS
Junio 2013

Luego de más de diez años se promulgó, a fines de 2012, el artículo 41 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual norma el procedimiento a seguir para la celebración de los acuerdos anticipados de precios (APA, por sus siglas en inglés), los cuales se encontraban establecidos en el inciso f) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

Un APA es un convenio de derecho civil entre el contribuyente local y su administración tributaria (unilateral), mediante el cual se fijan las condiciones en las cuales se efectuarán transacciones futuras con sus partes vinculadas (ya sean entre empresas nacionales o con el exterior) o aquellas a ser realizadas con entidades radicadas en paraísos fiscales; esto con el objetivo de solucionar de manera coordinada potenciales disputas en materia de Precios de transferencia.

Así, los APA se presentan como una alternativa para el contribuyente frente a los procesos de fiscalización, los cuales tienden a demandar altos costos y tiempo, toda vez que la evaluación de las operaciones en el interior de un grupo económico es cada vez más significativa, no solo debido a las grandes cifras tributarias implícitas, sino también porque su resolución depende de una comprensión de los hechos y del contexto comercial específico de cada caso.

Doble tributación

Los APA son también, mecanismos que promueven la eliminación de la doble tributación, esto en vista a que puedan ser suscritos con otros fiscos (bilaterales); es decir, entre el contribuyente local, su fisco y aquella autoridad tributaria del exterior con la cual el Perú mantenga un convenio (Chile, Canadá, Brasil y la Comunidad Andina).

El proceso de negociación de un APA se inicia con la presentación a la Sunat de una propuesta para la valorización de una o más de sus operaciones futuras (se determinan las metodologías, precios o márgenes objetivo, ajustes, documentación de sustento, entre otros). Durante esta etapa, las partes se reúnen y discuten la posibilidad de llegar a un consenso; la administración tiene hasta 36 meses para evaluar (aprobar o desestimar) la propuesta.

Su vigencia se haría efectiva al ejercicio en curso en el que haya sido aprobado y durante los tres posteriores.

Es importante señalar que, independientemente de su suscripción, el contribuyente deberá consignar cada año un reporte que soporte el cumplimiento y vigencia del acuerdo; asimismo, podrá ser sujeto de fiscalización. Sin embargo, se tendrá la certeza que mientras se siga el acuerdo, las transacciones no podrán ser objetadas, ni estarán sujetas a ajustes o penalidades.

La experiencia a nivel internacional es amplia, México, Canadá o EE.UU. han firmado cientos de acuerdos con sus socios comerciales. Solo este ultimo en 2012 firmó 140 convenios, tres veces más que en 2011 (43), marcando un récord en los 20 años que lleva el programa.

En la región solo Uruguay ha cerrado uno. Si tomamos en consideración que en el Perú contamos con un sistema tributario cuyos procesos administrativos agregan una carga a las empresas, se esperaría que sigan creando canales de comunicación dinámicos y eficientes como este, a efectos de incentivar al empresariado a planificar tributariamente sus estrategias de negocio.