La reforma social… Un instrumento de desarrollo para México

Rubén Guerra
Socio Sector Salud
César Lara
Director Sector Salud,  Asuntos Regulatorios
PwC México


La Tercera Gran Meta Nacional, definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) como un México Incluyente, se ha fijado el objetivo de lograr que todos los mexicanos puedan satisfacer sus necesidades elementales. En el marco de cumplimiento de esa meta general se han implementado diversas líneas específicas de acción, entre las cuales se encuentra la de Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud.

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) fue creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2003 con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social. Con el SPSS se establecieron las bases legales para garantizar el derecho a la protección de la salud, mediante el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; sin discriminación alguna.

No obstante, a un poco más de 10 años ha sido difícil su implementación y los retos de atención de la salud aún siguen siendo mayúsculos; traduciéndose, en algunos casos en la insuficiencia de recursos públicos para atender las crecientes necesidades de atención sanitaria de la población. De igual modo, en la falta de insumos dentro del cuadro básico de medicamentos; también en la escasa coordinación de las autoridades de salud de los diversos niveles de gobierno, por tan sólo mencionar algunas de las problemáticas más representativas del SPSS.

¿Por qué impulsar el cambio?

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados, en el año 2000, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen un piso mínimo al cual los países se han comprometido en su adopción y cumplimiento. Los ODM sitúan la salud en el corazón del desarrollo económico y social, y establecen un novedoso pacto mundial que vincula a los países a adoptar obligaciones claras y específicas.

Tomando como punto de partida los ODM, existe un claro vínculo de interacción entre la inversión que se hace en salud y el desarrollo que puede alcanzar una nación. Esta interacción, tiene en cuenta todos los procesos sociales, políticos y económicos, por minúsculos que puedan parecer; entre los cuales destacan los indicadores de crecimiento poblacional, la inversión en salud que se hace del Producto Interno Bruto (PIB), el desarrollo de políticas públicas efectivas y eficientes, la evaluación del propio sistema sanitario, la inversión en Investigación y Desarrollo (I + D), las reformas fiscales y jurídicas que deben operar en momentos de transición, etcétera.

Es imposible reducir la pobreza si no se adoptan medidas para mejorar la salud de la población. Eliminar las desigualdades en la contribución de impuestos y aumentar los niveles de escolarización de la población son requisitos indispensables para avanzar en la mejora de los resultados sanitarios; y precisamente estas medidas ya han sido iniciadas por la actual administración.

La salud de la población ya no puede examinarse como un elemento aislado y descontextualizado, sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos financieros y la sostenibilidad del sistema de protección social en salud.

Así las cosas, es importante que las reformas venideras aborden el problema de la salud no de forma aislada, sino como un entramado de estrategias que tome en cuenta las problemáticas puntuales del país; por ejemplo, altos índices de obesidad, mortalidad materna, desnutrición infantil, las altas tasas de enfermedades que pueden ser prevenibles, la falta de confianza en la administración de los recursos públicos, la homologación de criterios de evaluación, la asignación de recursos basada en resultados, entre otras.

¿Cómo asegurar el acceso a los servicios de salud para todos los mexicanos?

Ahora bien, la eficacia y eficiencia de un sistema de salud dependerá de la solidez de la política social, y dicha política estará supeditada a la consecución de niveles de financiación adecuados, recordemos que en materia de derechos sociales las necesidades son mayúsculas mientras que los recursos son limitados.

Por esa razón, acorde a las estrategias transversales del PND 2013 -2018, las políticas y programas de salud deberán enmarcarse en una administración pública orientada a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con fundamento en los principios constitucionales que emanan de nuestra Constitución.

Tomando en cuenta el anterior planteamiento, la Reforma Social por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud tienen como objeto establecer los elementos que permitan consolidar el liderazgo de la Secretaría de Salud, como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud; estableciendo los fundamentos legales para mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema, actualmente ejercidos por las entidades federativas.

¿Qué cambios se esperan?

De entre las reformas destacan las siguientes:

Primero.- El nuevo artículo 77 bis 15 de la LGS contempla la posibilidad de que el Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, recursos federales en numerario o en especie a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Para tal efecto, la nueva reforma prevé que el ejercicio de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud deberá ser observado claramente mediante las Leyes de Transparencia Gubernamental en sus distintos ámbitos de competencia, elaborando los informes necesarios de conformidad al artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Segundo.- Se derogan los artículos 77 bis 33 y 77 bis 34, con los cuales desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales de salud. En consecuencia, el nuevo artículo 77 bis 35 de la LGS señala que el Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno; mismo que deberá ser expedido en un plazo no mayor a 180 días después de entrada en vigor de las reformas.

Es importante destacar que el titular de la Comisión Nacional será designado por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Salud.

Tercero.- Se fortalece la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud. Por lo tanto, la nueva fracción XII, del apartado A del artículo 77 bis 2, determina que las entidades federativas, entre sí o con las instituciones públicas de Sistema Nacional Salud, deberán suscribir convenios con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios.

Cuarto.- En el nuevo artículo 77 bis 11 se establece la corresponsabilidad social, al determinarse que el Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios. De tal suerte, en el nuevo artículo 77 bis 18 se determina que de la cuota social y de las aportaciones solidarias que se obtengan, la SSa canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura relacionadas con la atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.

Quinto.- De conformidad a los nuevos artículos 77 bis 16 y 469 bis en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación, tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción. En tal orden de ideas, la punibilidad establecida por el delito que resulte de dicha conducta podrá ser de pena privativa de la libertad de 2 a 7 años y multa de mil a 500 mil día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.