Aspectos regulatorios en materia de salud 2013 y perspectivas para el 2014

César Lara
Director Sector Salud,  Asuntos Regulatorios
PwC México
cesar.lara@mx.pwc.com


La Ley General de Salud ha tenido un total de 78 reformas a lo largo de su historia, de las cuales 14 fueron realizadas en el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 4 de diciembre de 2013, destacando temas de tecnologías de la información, al establecer que el Sistema Nacional de Salud tiene el objetivo de promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención en salud; investigación biomédica en materia de células troncales, al plantear requisitos específicos para los centros que se dedican a trasplantar líneas celulares y establece un registro de células progenitoras o troncales, todo esto coordinado por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

En materia de atención médica se reguló lo correspondiente a los cuidados paliativos en pacientes terminales; se estableció como obligatorio la instauración de Comités Hospitalarios de Bioética en todos los hospitales del país; en el tema del genoma humano se estableció que éste y el conocimiento sobre el mismo son patrimonio de la humanidad, y se definió el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En cuanto a las normas oficiales mexicanas destacaron en el 2013 la NOM-017-SSA2-2012 de vigilancia epidemiológica al instituir los criterios y directrices del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la recolección sistemática de la información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes; la NOM-012-SSA3-2012 que implanta los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, planteando los criterios normativos de carácter administrativo, ético y metodológico para solicitar la autorización de los proyectos o protocolos de investigación en la que participan sujetos humanos; la NOM-164-SSA3-2012 de Buenas Prácticas de Fabricación para Fármacos, instituye los requisitos mínimos necesarios para el proceso de fabricación de los fármacos o de los principios activos comercializados en el país o para fármacos en desarrollo para uso de investigación clínica.

En la parte programática se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo general de llevar al país a su máximo potencial a través de cinco metas nacionales: México en Paz; México Incluyente; México con Educación de Calidad; México Próspero, y México con Responsabilidad Global, incluyendo tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género.

En este sentido, la tercera gran meta nacional: México Incluyente, fijó el objetivo de lograr que todos los mexicanos puedan satisfacer sus necesidades elementales. En el marco de acción de esa meta general se han implementado diversas líneas específicas de acción, entre las cuales se encuentra la de Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud, lo cual se ha venido materializando a través del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, que fue creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003 con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social. Si bien es cierto el SPSS estableció las bases legales para garantizar el derecho a la protección de la salud, mediante el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios sin discriminación alguna; es una realidad que para el 2014 estaremos en posibilidad de crear nuevos esquemas de financiamiento basado en resultados para atender las necesidades reales de salud de los pacientes y optimizar recursos económicos en las instituciones de salud de todo el país.

Es importante resaltar que las reformas venideras abordan el problema de la salud no de manera aislada, sino como un entramado de estrategias que toman en cuenta las problemáticas puntuales del país, como son: altos índices de obesidad, mortalidad materna, desnutrición infantil, las altas tasas de enfermedades que pueden ser prevenibles, falta de confianza en la administración de los recursos públicos, la homologación de criterios de evaluación y la asignación de recursos basada en resultados.

La eficacia y eficiencia del sistema de salud en México dependerá de la reforma jurídica en concordancia con la política social, y dicha política estará supeditada a la consecución de niveles de financiación adecuados, recordemos que en materia de derechos sociales las necesidades son mayúsculas mientras que los recursos son limitados.

De acuerdo a las estrategias transversales del PND 2013 -2018, las políticas y programas de salud deberán enmarcarse en una administración pública orientada a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con fundamento en los principios constitucionales que emanan de nuestra Carta Magna.

Atendiendo a lo anterior, la consolidación de la reforma en salud tendrá como objeto establecer los elementos que permitan afianzar el liderazgo de la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud; estableciendo los fundamentos legales para mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del sistema, actualmente ejercidos por las entidades federativas.

¿Qué cambios se esperan?

De entre las reformas más, destacan las siguientes:

Primero.- El nuevo artículo 77 bis 15 de la LGS contempla la posibilidad de que el Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas recursos federales en numerario o en especie a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Para tal efecto, la nueva reforma prevé que el ejercicio de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud deberá ser transparentado mediante las Leyes de Transparencia Gubernamental en sus distintos ámbitos de competencia, elaborando los informes necesarios de conformidad al artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Segundo.- Se derogan los artículos 77 bis 33 y 77 bis 34, con los cuales desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales de salud. En consecuencia, el nuevo artículo 77 bis 35 de la LGS señala que el Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno; mismo que deberá ser expedido en un plazo no mayor a 180 días después de entrada en vigor de las reformas.

Es importante destacar que el titular de la Comisión Nacional será designado por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Salud.

Tercero.- Se fortalece la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud. En tal orden de ideas, la nueva fracción XII, del apartado A del artículo 77 bis 2, determina que las entidades federativas, entre sí o con las instituciones públicas de Sistema Nacional Salud, deberán suscribir convenios con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios.

Cuarto.- En el nuevo artículo 77 bis 11 se establecen la corresponsabilidad social, al determinarse que el Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Por lo tanto, en el nuevo artículo 77 bis 18 se determina que de la cuota social y de las aportaciones solidarias que se obtengan, la SSa canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando a través de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.

Quinto.- De conformidad a los nuevos artículos 77 bis 16 y 469 bis en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación, tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción. En este caso la punibilidad establecida por el delito que resulte de dicha conducta podrá ser de pena privativa de la libertad de 2 a 7 años y multa de mil a 500 mil día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La última pero no menos importante es la reforma denominada “Seguridad Social Universal” la cual fue aprobada en Cámara de Diputados en lo general el 24 de octubre de 2013 y recibida el 28 de octubre en la Cámara de Senadores y pretende reformar la fracción XXIX, apartado A, del artículo 123 y adicionar los párrafos décimo tercer y décimo cuarto del artículo 4° y una fracción XXIX-R al artículo 73, todos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, enfocada a la atención, manutención y prestación de los servicios de salud de los adultos mayores.

Sin duda estas reformas deben ir aparejadas de la implementación de un padrón único de beneficiarios de seguros de salud, calidad en los servicios de salud, eficiencia basada en resultados, un expediente clínico electrónico útil, un sistema de vigilancia epidemiológico efectivo y programas preventivos debidamente sustentados que puedan brindar una mejor salud para todos los mexicanos durante los próximos años.