Infraestructura

Reglas claras y mayor alcance

 
El 15 de enero de este año se firmó el decreto que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) la cual constituye un instrumento jurídico integral que impulsará la construcción de nueva infraestructura, así como proyectos tecnológicos y de innovación  que se orienten al aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo económico de las regiones, de las entidades federativas y de los municipios, así como al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios

En Artículo 1 del Capítulo Primero (Disposiciones Preliminares) de la LAPP se establece que la Ley es de orden público y tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Artículo 2 se menciona que los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País.

“En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento”.

En el Artículo 3 se dice que “también podrán ser proyectos de asociación público privada los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científica tecnológica públicas del país”.

Se añade que a estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología. Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia y Tecnología.

“Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en los términos previstos por el Capítulo III, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación pública privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los términos previstos en esa ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto”.

Las posibilidades que brinda esta Ley son amplias y se suman a los objetivos de del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI) en el cual se establecieron, entre otras, dos estrategias para el financiamiento de la infraestructura:

Aumentar la inversión pública mediante una racionalización de gastos administrativos.
Diseñar esquemas de inversión público privados en rubros específicos.

Para lograr los objetivo, en febrero de 2008 se creó el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) como una medida contracíclica y principal brazo ejecutor del desarrollo de la infraestructura en nuestro país.

El FONADIN se constituyó con los recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). En total, los recursos del FONADIN sumaron en un principio 40 mil millones de pesos.

La función principal del Fondo es promover y fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, a través del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables que mejoren la capacidad de los proyectos para atraer financiamiento.

A cuatro años de la creación del FONADIN y a unos meses de  se evalúen los resultados del PNI se registra que:

La inversión física realizada por el sector público creció 15.4% real en promedio anual durante 2007-2011 y 1.1% real durante enero- diciembre de 2011 con relación al mismo periodo de 2010.

Estos datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que estás tasas son superiores a las registradas en los dos sexenios anteriores, donde en sus cinco primeros años la inversión física registró un crecimiento promedio anual de -3.6% real (1995-1999) y +4.4% real (2001-2005).

Otros datos de la misma dependencia indican que la inversión impulsada por el sector público (que incluye la inversión física presupuestaria más la realizada por terceros a través de proyectos Pidiregas), creció a un ritmo de 6% real en promedio al año durante 2007-2011, y 0.7% real a diciembre de 2011 respecto del mismo periodo de 2010. “Con esto, en los cinco primeros años de la presente administración, la inversión impulsada por el sector público es mayor 31.6% en términos reales a la observada durante toda la administración anterior (2001-2006)”, se expresa en un informe  de la SHCP.

En el documento se añade que durante los últimos cinco años , la inversión impulsada por el sector público federal para el desarrollo de la infraestructura ha sido la más alta desde 1990, no sólo en términos reales sino también como proporción del PIB, y del gasto programable total (del 22.4% en 2005 a 24.5% en 2010, para cerrar en 2011, de manera preliminar, en 23.6%).

“A pesar de esto, existe la necesidad de seguir impulsando un mayor financiamiento de la inversión en infraestructura con recursos del sector privado”, se menciona y es por ello que surge la LAPP, cuyos beneficios potenciales serán, entre otros:

Creación de incentivos para atraer tecnología de punta, capacidad empresarial, en ocasiones recursos privados a proyectos públicos, así como mejorar el desempeño o de los proyectos.

Mayor seguridad y certeza jurídica tanto para los particulares interesados como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que, por su naturaleza, requieren de largos períodos de maduración y desarrollo.

Aceleración de la preparación de proyectos; a través de la reducción de 30% en el tiempo de ejecución del proyecto, así como la reducción de entre cuatro y seis meses en el tiempo de implementación para nuevos proyectos, gracias a la posibilidad de asignar estudios de manera directa.

Reducción estimada de 15% en costos de construcción.
Promoción de inversiones sin precedentes para proyectos carreteros, ferroviarios, portuarios y de aeropuertos que, además de los beneficios de cada proyecto en particular, generarán empleos directos e indirectos en todo el país.
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