Lavado de dinero

Nueva disposición

 

Se les informa que el día de hoy 15 de noviembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, emitió un comunicado en el cual establece una prorroga en el plazo para la presentación de los Avisos hasta el 17 de diciembre de 2013, correspondientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI). Lo anterior derivado a ajustes en el sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la resolución para combatir el lavado de dinero a través del artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicable a los centros cambiarios. Las disposiciones tienen por objeto establecer las medidas y procedimientos mínimos que los centros cambiarios están obligados a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.

Mientras tanto en la Cámara de Diputados se analiza en comisiones la minuta que expide la Ley federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. 


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el lavado o blanqueo de dinero como un “subterfugio para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita, particularmente el narcotráfico, o como la introducción subrepticia de dinero de origen ilícito en los canales legítimos de la economía formal”.

La SHCP identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10 mil millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas. Estos datos están en el documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados denominado: “Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales”.

De acuerdo con ese informe, se estima que la distribución del blanqueo de dinero, según la actividad criminal en el país fue de 41% drogas; 33% tráfico de personas; 20% piratería y 6%, fraude.

El documento del CESOP refirió que de acuerdo con Schneider y Enste, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 countries 2007, la distribución de las ganancias criminales, según el tipo de economía en México, se destina 76% a la economía formal y 24% a la informal.

El estudio refirió que según cálculos internacionales sobre “lavado” de dinero, el Banco Mundial (BM) señaló que el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es de entre 1 billón y 1.6 billones de dólares. De esa cifra, 40 mil millones de dólares son producto de la corrupción en países en desarrollo y en transición.

Costos y acciones

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo cuestan entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) global, de acuerdo con información  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según este organismo más de 180 gobiernos en todo el mundo utilizan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), la unidad intergubernamental que establece las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La FATF forma parte de las agrupaciones que se han creado para luchar contra los ilícitos referidos, entre éstas están: el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

El GAFI es el principal promotor y quien establece los principales estándares los cuales han sido aceptados universalmente y son los parámetros objetivos para calificar el grado de avance de cada país en esta lucha. Básicamente los estándares se dividen en dos pilares:

• Que se ha hecho para prevenir.
• Qué han hecho para combatir.

A los organismos referidos se suma el grupo Egmont, el cual agrupa no a países sino a unidades de inteligencia financiera. Egmont determinó lo que se debe entender como una unidad de inteligencia financiera, cuáles son sus funciones esenciales y a partir de qué un país puede pertenecer al grupo, con la ventaja de intercambiar información de inteligencia financiera conforme a mejores o buenas práticas, con estados absolutos de confidencialidad y de reserva.

En 2008 México fue evaluado por el GAFI y el GAFISUD y en principio cumple con la mayoría de las recomendaciones, y si se comparan los resultados con los demás miembros del GAFI, en materia de lavado de dinero está por encima del promedio del cumplimiento del grupo, incluso arriba del promedio de los países miembros del G20 o de los miembros del GAFISUD. México ha presentado desde 2008 cada seis meses resultados de avance a GAFISUD.

En las evaluaciones del GAFI hay unas listas: negras y grises en las que se colocan a los países que han presentando deficiencias en su régimen de lavado de dinero,  a los que no hacen suficientes avances o no expresan un compromiso político fehaciente para atender esas deficiencias. México no se encuentra en ninguna de las listas; es decir para la comunidad internacional está trabajando bien en el combate y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


En cuanto a unidades de inteligencia financiera, México cumple con este estándar internacional de Egmont que distingue cuatro tipos de unidades de inteligencia financiera:

• Administrativa.
• Modelo judicial.
• De corte policial.
• Hibridas (comparten características de por lo menos dos tipos de unidades de inteligencia financiera).
Las principales funciones de la unidad de inteligencia financiera son:
• Recibir información de los sujetos obligados: bancos, casas de bolsa, centros cambiarios en torno a operaciones relevantes generalmente hechas en montos en efectivo superior o igual al equivalente a 10 mil dólares americanos, cheques de viajero o monedas acuñadas en oro o plata; operaciones inusuales que pudieran implicar algún tema que vaya en contra de alguna de las disposiciones o de la propia ley.
• Analizar información para encontrar tendencias, operaciones, actividades coincidentes con alguna tipología delictiva.
• Diseminar información a las autoridades competentes.

Alcances de la disposición

De acuerdo con el Diario Oficial, las disposiciones para combatir el lavado de dinero a través del artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicable a los centros cambiarios, estipulan los términos y modalidades conforme las cuales los centros cambiarios deben presentar a la SHCP, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus usuarios.

Los reportes incluirán los actos realizados por accionistas, propietarios o dueños, miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores que pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones.

Con la entrada en vigor de esta resolución (11 de abril), se cumplen los preceptos de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial el 3 de agosto de 2011. Con esta ley, desde el 31 de marzo pasado se transfieren las facultades de supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la CNBV y se precisan las definiciones y obligaciones contenidas en las disposiciones.

Entre estas medidas destacan:
• Políticas de identificación y de conocimiento del usuario.
• Reportes de operaciones relevantes, en efectivo con dólares, operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes, entre otras.

La Secretaría de Hacienda emitió la resolución por la cual se expiden disposiciones aplicables a los transmisores de dinero, incluidas en la misma ley, en su artículo 81-A Bis, vigente a partir del 11 de abril.

Con este resolutivo, los reportes de transferencias internacionales de fondos, así como de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes que los usuarios realicen hasta el 30 de marzo de 2012 deberán remitirse al SAT.

Lo anterior conforme a los plazos y procedimientos establecidos en las "Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento", publicadas en el Diario Oficial en diciembre de 2009.

Así, una vez concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los transmisores de dinero deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dichos reportes en los términos y conforme al formato establecido en la resolución publicada y modificada el 25 de octubre de 2010.

Esfuerzos anteriores

En México el delito de lavado de dinero fue regulado desde enero de 1990, primero en el Código Fiscal de la Federación (CFF), cuyo artículo 115 bis estableció una sanción de tres a nueve años de prisión “a quienes teniendo conocimiento de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita, realicen operaciones financieras”.

En 1996 la regulación pasó del CFF al Código Penal Federal (CPF) en el artículo 400 bis. También desde ese año se encuentra previsto el ilícito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se trata de conductas que implican operaciones con recursos de procedencia ilegal.

En 1997 se integró en el Sistema Financiero Mexicano la normatividad para la Prevención del Lavado de Dinero, a través de disposiciones generales que emanan de diferentes leyes aplicables a Instituciones Financieras.

En el año 2000 se modificaron las disposiciones y adicionaron definiciones, por ejemplo, se cambió la referencia de operación sospechosa a operación inusual. En 2004 se reformaron las disposiciones, derogando las anteriores.

En 2009, se implementan umbrales de operación por producto y se establecieron nuevos reportes regulatorios (transferencias). En 2010 se establecieron restricciones a compras en efectivo de dólares.
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