El primero tiene que ver con el Plan General Contable: aunque es una necesidad imperiosa para las empresas españolas, creo sinceramente que su contenido debería haberse consensuado con todas las partes implicadas, incluidos los auditores.
En este sentido, desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas -órgano de
representación de la profesión-, se ha insistido en que el plan es sustancialmente
mejorable, y que su redacción actual tiene lagunas desde el punto de vista
conceptual y técnico. Y creemos que debemos trabajar para mejorarlas.
El segundo reto es la trasposición a la normativa española de la Octava Directiva. Se trata de una oportunidad y espero que verdaderamente nuestra legislación se adecue rápidamente a esta norma.
Las propuestas de la Octava Directiva supone el reconocimiento de la cultura de la calidad frente a la cultura de la regulación y el control que ha inspirado nuestra legislación. Creo que es imprescindible abrir un debate para superar el actual modelo de supervisión en España y, como recoge la directiva, apostar por un modelo de supervisión independiente del Ejecutivo, con una alta calidad técnica y que tenga en cuenta la voz de los organismos profesionales.
Y el tercer, y más ambicioso, reto es la reforma urgente y a nivel global de la información financiera para armonizarla y adaptarla a los nuevos tiempos y a las últimas tecnologías. Es preciso simplificar los informes financieros, hacerlos menos complejos y más útiles.
Antes el valor de una empresa se basaba en sus activos materiales. Ahora, la marca, la reputación o la lealtad del cliente son igual de relevantes, pero las normas de información financiera les prestan poca atención.
