Los preparativos y temores de las empresas frente a la llegada de la nueva justicia laboral a Santiago

Diario La Tercera, domingo 30 de agosto de 2009
Páginas 52-53
Periodista: Pamela Jimeno O.
Opinión de Juan Pablo Mesías, Supervisor de PricewaterhouseCoopers

A mediados de julio, abogados de la Confederación de la Producción y del Comercio se reunieron con el subsecretario de Justicia para explorar modificaciones a la norma, pero no tuvieron acogida. En las últimas semanas, los gremios recomendaron a sus asociados que revisen contratos y finiquitos, mientras los estudios jurídicos y consultoras prevén un alza de las demandas en tribunales. Abogados especialistas tienen reparos importantes y proponen cambios.  

A las cero horas de mañana partirán los nuevos tribunales laborales en la Región Metropolitana.

La expectativa del gobierno es que en su primer año de funcionamiento se reciban 15.000 causas; esto es, 10% a 15% más de las que se tramitan cada año. Pero los privados creen que podrían ser más y que probablemente habrá más fallos adversos, dada la experiencia en las 10 regiones donde ya opera la reforma: del total de demandas judiciales, 46% ha favorecido al trabajador y 3% al empleador. El 51% restante se resuelve vía conciliación, tras la intervención de la Dirección del Trabajo.

El tema ciertamente preocupa al empresariado. Por eso, en las últimas semanas los distintos gremios intensificaron esfuerzos para que sus asociados revisen procedimientos internos, contratos y finiquitos, y así evitar un alza sostenida de la judicialización (ver galería). No es todo. A mediados de julio, abogados de la CPC se reunieron con el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, para explorar cambios a la norma como, por ejemplo, que los tribunales laborales sean colegiados; es decir, integrados por tres jueces especializados y no sólo por uno, y reponer el recurso de apelación (en la corte respectiva) que fue anulado para los juicios laborales. Pero no tuvieron acogida. El coordinador nacional de la Unidad de Defensoría Laboral, Zarko Luksic, descarta una revisión de la ley hasta no evaluar el primer año de funcionamiento en la Región Metropolitana.

“La reforma a la justicia laboral parte mañana acá y hay que dejar que funcione, y que los jueces, defensores laborales y abogados de empresas hagan su trabajo. Luego haremos las evaluaciones pertinentes”, dice. En la CPC, el presidente de la comisión laboral de la cúpula y timonel de la Sofofa, Andrés Concha, si bien valora la experiencia en regiones, que muestra celeridad, aclara que la reforma y la ley sobre igualdad de remuneraciones entregaron instrumentos a los trabajadores para cuestionar la facultad de administración del empleador, si estiman que se han afectado sus derechos fundamentales, y “eso significa que tendrá que ser mucho más prolijo en el ejercicio de dichas facultades”.

Los puntos polémicos

La reforma comenzó el 31 de marzo de 2008 en las regiones III y XII, y supone dos etapas: una prejudicial (conciliación) y otra judicial (presentación de demanda en tribunal). Los juicios son orales, públicos y rápidos, pues tienen un plazo máximo de tres meses para que el juez dicte fallo.

Se puede extender otro mes si se presenta un recurso de nulidad.

Se garantiza la representación de abogados a quienes no puedan pagar el servicio y ganen hasta $ 388.000 líquidos.

También hay cambios de fondo. Primero, con la reforma, el Código del Trabajo atenderá cinco procedimientos: de aplicación general (accidentes del trabajo, salarios, indemnizaciones, etc.), monitorio (por reclamos o demandas de menor valor, por hasta 10 ingresos mínimos mensuales), de reclamación de multas (en caso que la DT curse multa administrativa o dicte resoluciones), ejecutivo (considera normas para agilizar el cumplimiento de sentencias) y de tutela laboral (nuevo y destinado a proteger los derechos fundamentales para evitar la discriminación por raza, sexo, edad, religión, opinión política, prácticas desleales, antisindicales, etc.). Además, se anuló la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones, lo que complica a empresarios y abogados.

Pero Luksic no concuerda: “Se dice que el juez no tiene recursos, pues no hay recurso de apelación. Pero la reforma plantea el recurso de nulidad y éste podría aplicarse más, porque tiene causales diferentes al de nulidad penal. De ese modo, podría permitir que los tribunales superiores pudieran revisar la sentencia de primer grado”.

El abogado del comité laboral de la CPC, Héctor Humeres, lo refuta: “El recurso de nulidad existe y también el de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. Pero éste es difícil de interponer, pues es muy estricto y permite muy pocas causales. Tanto así, que al 30 de junio de las 6.518 causas presentadas en el marco de la ley, habían ingresado a la Corte Suprema cerca de 10 y de ellas sólo una fue aceptada”.

¿Mayor judicialización?

“En regiones no ha habido un aumento de juicios. Los jueces están fallando en un lapso bastante menor, (pero) hay inquietud sobre el uso que, eventualmente, tenga el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en la Región Metropolitana, así es que observaremos con atención ese tema”, plantea Concha.

Abogados alertan que dicho punto abre espacio a mayor judicialización y proponen cambios (ver recuadro). La Región Metropolitana tiene más del 43% de la fuerza ocupada (el 74% asalariada) y del 32% de los contratos formales.

“Como resultado de la aplicación del procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, se prevé una ampliación de las materias que se someten a los tribunales del trabajo, lo cual podría incidir en un aumento del número de juicios a que se pueda ver enfrentada una empresa”, afirma Luis Eduardo Toro, socio del estudio Barros y Errázuriz. Dice que esos temas han salido del área de Recursos Humanos y “se han puesto como motivo de preocupación de la administración superior de las empresas”. Camilo Cortés, abogado de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, estima que “lo más urgente es la revisión de los procedimientos de desvinculación. Si bien la ley no cambió las normas sustantivas sobre despido, ha obligado a que las formalidades se cumplan con más rigurosidad... Sin duda habrá un número mayor de demandas, ya que el trabajador estará más incentivado a demandar que a lograr un acuerdo extrajudicial”.

El abogado de Cariola Diez Pérez-Cotapos & Cía, Florencio Bernales, suma otro reparo: “La cantidad de jueces en Santiago es poca y se producirá un colapso de los tribunales. Esto redundará en que las audiencias preparatorias y de juicio serán muy breves lo que puede atentar contra la garantía constitucional del debido proceso, uno de cuyos pilares es que las partes puedan exponer al juez sus argumentos y pruebas en plazos razonables”.

Los cambios esenciales que proponen los abogados a la ley

Tribunal colegiado

La legislación señala que los tribunales laborales tendrán sólo un juez especializado, lo que da origen a decisiones unipersonales en los tribunales. Los profesionales plantean que los tribunales debieran ser colegiados, es decir, que hubiesen tres jueces especializados para revisar los fallos.

Reponer recursos

Reponer el recurso de apelación y aumentar la competencia de la Corte Suprema para conocer de recursos que le permitan revisar juicio y sentencia en integridad. Los abogados estiman que el recurso de unificación en la Suprema es excepcional y que se ignora cómo se decantará su admisibilidad y aplicación.

Cita a demandado

Revisar el que, en el marco del Procedimiento monitorio el juez pueda dictar sentencia sin citar al demandado. Los abogados estiman que contradice el principio de bilateralidad de la audiencia y que si bien el demandado puede reclamar la decisión, ello implica seguir un juicio ante el mismo juez que ya dictó una sentencia en contra.

Prueba

Que exista un plazo para revisar la prueba documental, poder objetarla u observarla, disponiendo que se presente tres días antes de la audiencia preparatoria. O bien, que en ésta cada parte entregue a la contraria copia para que se puedan estudiar, objetar u observar en la audiencia de juicio.

Los procedimientos internos que revisan las empresas

El arribo de los tribunales laborales al Gran Santiago ha motivado la revisión de políticas para reclutar, contratar y desvincular personal. Ana Piquer, gerente de Human Capital de Ernst & Young; Juan Pablo Mesías, de PricewaterhouseCoopers, y Michel Laurie, gerente de Servicios Laborales KPMG Chile, explican los cambios que se han generado:

1. Revisión de los sistemas de remuneraciones para asegurar el cumplimiento de las leyes de sueldo base, semana corrida y de igualdad entre géneros, actualizando contratos si es necesario.

2. Efectuar “auditorías de derechos fundamentales” para revisar políticas y prácticas de reclutamiento, promoción, controles de seguridad, prohibiciones y restricciones para los trabajadores y otras medidas que puedan interpretarse como lesivas para sus derechos. Si no existen políticas es recomendable generarlas.

3. Revisar reglamentos internos de higiene y seguridad e incorporar materias nuevas que dispone la ley de igualdad salarial.

4. Revisar los sistemas de jornada y de control de ingreso de trabajadores frente a las nuevas presunciones de que un trabajador se encuentra sujeto a jornada de trabajo, incorporadas en la nueva ley de sueldo base.

5. Mejorar los procedimientos de decisión e implementación de desvinculaciones de personal. Se ha recomendado prestar mayor atención a la causal aplicada, los hechos en que se funda, la preparación adecuada de las cartas de despido y los finiquitos.

6. Revisión de los procedimientos internos sobre las comunicaciones internas (emails y otros).

7. Modificar contratos colectivos de trabajo o pactar anexos a los contratos con sus sindicatos.

8. Realizar auditorías a la estructura de beneficios otorgados a sus trabajadores.

“La ley busca mejorar la gestión laboral y cautelar derechos fundamentales de los trabajadores”.
Zarko Luksic, coordinador de la Unidad de Defensoría Laboral.

“Habrá un mayor esfuerzo por eventuales denuncias por discriminación salarial y tutela de derechos fundamentales”.
Andrés Concha, presidente de la Sofofa y de la Comisión Laboral de la CPC.

“Lo más preocupante es el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Tenemos la inquietud de cómo administrarán los tribunales esta situación”.
Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago.

“Pedimos a nuestros socios que redoblen esfuerzos en gestión laboral para evitar la judicialización”.
Lorenzo Constans, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

“El sector no tiene mayor problema, pero nos preocupa la tendencia a favor de los trabajadores que hemos visto en los fallos en regiones”.
Alfredo Ovalle, presidente de la Sonami y ex timonel de la CPC.

84 JUECES ESPECIALIZADOS habrá en los 26 juzgados laborales del país. En el Gran Santiago habrá 34 jueces y 10 tribunales.